La delincuencia organizada tiene repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.
Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, DF (Proceso).- Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un “reacomodo” del crimen organizado a partir de que el priista Héctor Astudillo llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.
Además, los nueve grupos criminales que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un “derecho de piso” de 15% de los fondos que les entrega la federación; de lo contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.
Es el caso del presidente municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros Templarios –que según un documento oficial no dominan esa zona– le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a pagar.
Después de casi dos meses recibió la amenaza: o entregaba el dinero o “clausuraban” dos de sus comercios. El mensaje de texto fue el siguiente:
Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.
Soto volvió a negarse. El pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del alcalde.
En entrevista con Proceso, Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad. Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso “a disposición de la dirigencia nacional” del PRD la presidencia municipal, aunque sigue despachando en Ciudad Altamirano, en Pungarabato.
Agustín Basave y Beatriz Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las autoridades federales de la vida de Soto y su familia.
Para este año la federación destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota del 15%, esto implica que el «gobierno» federal “subsidia” al crimen organizado con 600 millones de pesos.
Esto, además de la cuota de 50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la extorsión con tal de seguir trabajando.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)
