En el contexto de las crecientes protestas contra los incrementos a la gasolina impuestos por el régimen usurpador del asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, la posiblidad de que los perpetradores del saqueo le tomen el pelo a la gente bajándose el «sueldo» —en un régimen usurpador no hay sueldos, hay ROBOS— aunque sea un 10 por ciento, ha causado escozor en muchos de ellos.
La medida tendría el objetivo de recortar el gasto público para ahorrar algunos recursos y, eventualmente, bajar los altos impuestos a los combustibles, aunque sabemos que en el teatro del absurdo y la farsa llamado México, cada nuevo impuesto que se aprueba llega para quedarse. Sólo a través de una reacción popular como la que ya está iniciando, se pueden revertir los abusos. Por ello, la verdadera intención de los delincuentes usurpadores al plantear, sin concretar, una disminución marginal en sus ingresos, es simular que sí están «haciendo algo» frente a la crisis que ocasionaron. Se trataría de un mero «gesto solidario» para tratar de calmar el descontento social.
Pero ni eso. Varios de ellos ya declararon con rabiosa desfachatez que no están dispuestos a ceder ni un ápice de sus millonarios privilegios inmerecidos. Es el caso del hoy «senador» con licencia Javier Lozano Alarcón, delincuente que ha vivido gran parte de su «carrera política» mantenido por todos los mexicanos, sirviendo en diversos cargos a los regímenes usurpadores de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón Hinojosa. Fue en éste último espuriato cuando el sujeto adquirió mayor notoriedad al fungir como «secretario del trabajo», destacando por su complicidad en varios crímenes contra los trabajadores mexicanos, entre ellos el desastre minero de Pasta de Conchos, la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la imposición de la contrarreforma laboral. En 2011 renunció a ese cargo para buscar un codiciado escaño en el «senado», continuando ahí los trabajos para imponer el resto de las contrarreformas que tienen al país al borde del colapso.
El pasado 15 de enero, al ser cuestionado sobre su disposición a bajarse el sueldo, el cínico sujeto acusó que la propuesta es «demagogia» y sugirió que, de hacerlo, tendría que ponerse a robar.
http://www.youtube.com/watch?v=dVhJ31hBPCs
Luego de que su desplante se viralizara en las redes sociales, Lozano ofreció las clásicas «disculpas» cínicas refrendando que no está dispuesto a bajarse el sueldo, pues «vive de eso» y no tiene otros negocios fuera de la administración pública, como varios de sus cómplices. Miente, es propietario de una firma privada de consultoría en telecomunicaciones. Argumentó además que tiene una familia numerosa y que, sin los casi 2 MILLONES DE PESOS ANUALES que se embolsa, no podría mantenerla. ¿En serio?
Al día siguiente, una priista de nombre Susana Corella Platt, «diputada» federal por Sonora desconocida hasta entonces, se pronunció en el mismo sentido, asegurando que los apoyos que recibe para sus traslados «no le alcanzan», que al final acaba financiando sus gastos «de su bolsa» y que «le tienen que poner dinero». Por la noche, luego de que fuera bautizada como #LadyNoMeAlcanza en las redes sociales, la mujer recurrió al consabido método de disculparse sin hacerlo, difundiendo un mensaje para justificar torpemente su cinismo.
Nótese como asegura que vive mantenida por su esposo. ¿Significa que renunció a los casi 80 mil pesos mensuales de sueldo que recibe como «diputada», reintegrando voluntariamente esos recursos a la tesorería de la cámara? No. Si así fuera, lo diría abiertamente. Por cierto, apenas en diciembre pasado, los «diputados» se incrementaron sus sueldos, prestaciones y apoyos a casi 2 MILLONES DE PESOS ANUALES, además de autorizarse un bono de 150 MIL PESOS que, sumado a sus otras prestaciones decembrinas, ascendió a casi 500 MIL PESOS para cerrar el año.
¿Por qué no les alcanza? Porque viven como reyes, entre lujos, excesos y despilfarro, mantenidos por los mexicanos que pagan cada vez más impuestos. No hay dinero que alcance para saciar su voracidad. Mientras tanto, millones de trabajadores sobreviven con apenas 2 mil 400 pesos mensuales: el salario mínimo que «sí alcanza» según los propios «diputados y senadores» que lo determinan. Encima se burlan del pueblo empobrecido por ellos mismos, sugiriendo los privilegios millonarios de que gozan les parecen poco; insultan la inteligencia pública al reclamar que la exigencia de frenar el dispendio en mantenerlos es «demagogia», que tendrían que «ponerse a robar» —YA ROBAN, repetimos, porque colaboran con un régimen ilegal e ilegítimo— o que hasta les acabamos debiendo dinero, porque al final «tienen que poner de su bolsa».
Súmense las declaraciones de otras «autoridades» en el mismo tenor, por ejemplo las del «edil» priista de Atotonilco, Guanajuato, Miguel Ortega, quien llamó a la población a «ponerse a trabajar más» para costear los gasolinazos; o las de Carmen Salinas, a principios de este mes, asegurando que los incrementos a las gasolinas eran necesarios y que «el que tenga coche, que lo mantenga«, cuando a ella todo se lo paga el pueblo —desde alimentos hasta gasolina— sólo por aparecerse de vez en cuando en la cámara de diputados. El hecho de que esa vulgar e ignorante mujerzuela ocupe una curul en San Lázaro, por cierto, demuestra lo envilecida que se encuentra la «política».
Asistimos, pues, a una repetición de los peores tiempos del porfiriato, donde la onerosa «clase política» no admite reclamo alguno por parte del pueblo al que desprecia y que la mantiene a costa de su propia miseria. Pero si estos desplantes, por sí solos, deberían ser motivo de una rebelión, ¿qué ameritaría el saqueo, mil veces mayor, perpetrado a diario por grandes imperios trasnacionales, que generan riquezas monstruosas a través de la explotación de nuestro petróleo, agua y mano de obra? Porque el costo de mantener a los delincuentes que usurpan las instituciones de este país, es NADA cuando se compara con la fortuna que saquean de México las rapaces empresas mineras, petroleras, refresqueras, automotrices, distribuidoras de alimentos, telecomunicaciones, etc. aprovechando el «marco legal» —contrarreformas— para explotar en su beneficio los recursos naturales del país. Esa riqueza incalculable que va a parar a las cuentas de los grandes oligarcas nacionales y extranjeros, sería más que suficiente para garantizar la abundancia y prosperidad de toda la población.
Si la desvergüenza de la «clase política» de este país provoca, correcta y justificadamente, la indignación de los mexicanos, ¿cuál debería ser nuestra reacción frente al verdadero saqueo de la riqueza nacional que está ocurriendo en este preciso momento, por parte de los voraces imperios trasnacionales?
