Israel Rodríguez
La Jornada (Foto: Simón Neuman, mafioso inmobiliario impuesto por su compadre Mancera en la SEDUVI)
La venta de contratos de protección en la industria de la construcción por parte de sindicatos “fantasmas” es una práctica que ha proliferado y constituye un negocio millonario que ni las autoridades de la Secretaría del Trabajo, encabezada por Alfonso Navarrete Prida; de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que preside Diódoro José Siller; autoridades capitalinas ni los empresarios del gremio han querido resolver, porque existe una red de complicidades en la que los únicos perjudicados son los trabajadores de este sector altamente vulnerable al comportamiento de la economía, denunciaron abogados laborales.
“Es increíble que las autoridades de la junta permitan eso, porque todo esto es en materia local. El instrumento debería ser la inspección laboral. Es decir, las autoridades correspondientes deberían visitar cada construcción para ver cómo está todo, pero en realidad no funciona la inspección”, señaló Arturo Alcalde, abogado experto en derecho laboral.
El modus operandi es el siguiente: “Hay personas que todos los días recorren las calles para localizar el lugar donde hay nuevas construcciones para de inmediato amenazar a los constructores. Les exigen una cantidad mensual. Si no acceden les cierran la construcción bajo la amenaza de estallar una supuesta huelga, que muchas veces es avalada por las autoridades”.
En un recorrido por diversas obras, industriales de la construcción que pidieron permanecer en el anonimato reconocieron que este problema es preocupante y las exigencias de pago van desde varios cientos de pesos hasta cuotas de 5 a 10 mil pesos mensuales, dependiendo el tamaño y la ubicación de la obra.
Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho, explica: “Son personas que han usado el membrete de sindicatos, son simuladores que llegan a la obra o le mandan una carta con un formato, como si fuera la autoridad, donde dicen que se presenten tal día a tales horas y ponen muchos artículos e incluyen advertencias, como en el caso de la cobranza, con unas siglas, y si no accede le dicen que la autoridad irá tras ellos y tendrán consecuencias legales”.
Detalla que lo que se firma es una especie de contrato de protección a cambio de un pago durante el lapso de la construcción, y entregan una placa que tiene un texto rimbombante, en la cual se dice que esa obra es controlada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Acarreos de la República Mexicana o Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción Acarreos de Materiales, Terracerías, Obras Hidráulicas y Similares de la República Mexicana, entre otros.
“Es una especie de venta de placas, que nada tiene que ver con la convicción de los trabajadores. Es un negocio, totalmente generalizado. A todo el que han iniciado una construcción le cae el sindicato, que son familias que han hecho negocio toda la vida. Unos son más tranquilos y otros utilizan medios de mayor presión, y si usted no accede le emplazan a huelga e inventan trabajadores que no tienen”.
Fuentes Muñiz, también catedrático de la UAM, aseguró que los empresarios consienten este tipo de cosas y no son ajenos a ello. Incluso, ellos tienen sus propios sindicatos de protección y lo que hacen las grandes constructoras es obligar a los trabajadores a que les firmen hojas para la constitución de un sindicato e imponen a su propio secretario general, que es su empleado, en las condiciones que los empresarios determinan.
“La situación se ha dado de manera tan grave que los empresarios se han convertido en propietarios de los principales instrumentos de defensa que tienen los trabajadores, como son los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo. Ellos han aprendido esta cuestión, llevan estos documentos ante la Secretaría del Trabajo y les otorgan un registro de sindicato y entonces ellos así se están protegiendo sin proteger a los trabajadores”.
Para conocer la opinión del sector, La Jornada solicitó una entrevista con algún representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que congrega unos 10 mil socios. Sin embargo, la respuesta de la CMIC, cuyo principal objetivo es participar en la defensa de los intereses de los empresarios, fue el silencio.
Arturo Alcalde Justiniani, especialista en derecho laboral aseveró: “Es un tema del que nadie puede hablar por la complicidad. El gobierno no quiere hablar porque no quiere molestar a los empresarios, y los empresarios reclaman ese estatus porque dicen que si hay sindicatos reales van a inhibir la inversión”, expone.
“Es una red de corrupción gigantesca” y son una especie de delincuencia organizada, de diferentes niveles porque hay desde grupos de golpeadores, autoridades compradas, despachos jurídicos que viven de esto, pero los que siguen “bien jodidos” son los trabajadores porque pierden todo.
“Es una estructura muy sofisticada y hay grupos violentos como los Chiquiticos, los Narconiños, los BellBoys, que apoyan cuando que alguna constructora no quiere jalar y entonces le arman lío”.
