David Martínez Huerta
Sinembargo
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– La posibilidad de un conflicto de interés por parte de algunos legisladores que discuten y votan las reformas en telecomunicaciones y en materia energética han ensombrecido el debate en los últimos días. Expertos en transparencia en ciencia política consideraron que este tema no es menor, no sólo porque existe la posibilidad de que algunos legisladores utilicen su posición para favorecer a uno de los futuros reguladores, sino porque este tema está ligado a una amplia tradición de corrupción e impunidad en México. Por lo que se pronunciaron por legislar sobre este tema, a fin de acotar sus efectos nocivos.
“El conflicto de interés, en sentido estricto, es un acto de corrupción, ya que todo acto de corrupción tiene esa intención de utilizar un poder público en beneficio de los intereses privados”, afirmó René Torres-Ruiz, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
El conflicto de interés puede definirse como aquella situación en las que las decisiones y acciones de un servidor público o Legislador están indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal, o bien para beneficiar a un tercero.
Los conflictos de intereses no solo involucran a servidores públicos, están presentes en las decisiones de profesionales, directivos y empleados de empresas y organizaciones, públicas o privadas. Un ejemplo de conflicto de intereses es: ser Diputado o Senador y al mismo tiempo ser socio de una empresa que podría verse beneficiada con la promulgación de una reforma de ley.
Para Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el fondo del problema es que no hay una legislación desarrollada en materia de intereses, por lo que es muy fácil acusarse entre ellos mismos de tener intereses con determinadas empresas, sin que haya pruebas que lo sustenten.
Al momento, los legisladores y funcionarios públicos no están obligados a publicitar, al inicio de su gestión, las industrias o sectores productivos a los que legítimamente tiene derecho a representar, de la misma manera que sí están obligados a rendir su declaración patrimonial. De hacer transparente estos vínculos, explicó el especialista, podría quitarse en gran parte este velo de discrecionalidad que acompaña los grandes debates nacionales.
“En la Ley de Responsabilidades [Administrativas de los Servidores Públicos] menciona el tema de conflicto de intereses pero no está desarrollado. No es tan sencillo como la gente cree, establecer quién tiene y quién no tiene conflicto de intereses, porque si no tienes una declaración pública de intereses al principio, ¿contra qué lo contrastas?”, afirmó el director de Transparencia Mexicana.
El artículo octavo, fracción décimo primera, de la ley en comento señala que los servidores públicos tienen la obligación de “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado”.
No obstante, los académicos señalaron que esta norma rara vez se aplica en el Poder Legislativo mexicano, y en general en todo el servicio público, salvo el caso de la Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, quien fue obligada a excusarse de participar en la discusión y votación de la legislación secundaria en Telecom.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las denuncias por conflicto de interés quedan en la impunidad. Y esto sucede con servidores públicos y políticos de todos los partidos políticos.
“Reza el dicho: ‘para mis amigos justicia y gracia, y para mis enemigos la ley’. Esto habla mucho de la discrecionalidad en la aplicación de la ley dentro de las leyes mexicanas, donde se tiende a beneficiar al amigo”, afirmó el profesor de la Ibero.
INTERESES EN TELECOM
El PRIANista Javier Lozano fue el arquitecto del dictamen de la Ley Telecom, denunciaron opositores. Foto: Cuartoscuro
Académicos y líderes parlamentarios de oposición han sostenido en más de una ocasión que diputados y senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN), que tienen o tuvieron vínculos laborales con las empresas monopólicas en el sector de radiodifusión.
El Senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Partido del Trabajo (PT), y Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigieron una vez más que Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se excuse de la discusión por tener evidentes conflictos de interés.
“Es necesario que los legisladores representantes de los poderes fácticos abandonen el debate y así permitan la construcción de una normatividad en beneficio de todos los mexicanos y no de una reglamentación encaminada al empoderamiento de los monopolios existentes en nuestros país”, afirmó el Senador Bartlett.
Asimismo, los diputados del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Ricardo Cantú pidieron iniciar un procedimiento por presunta responsabilidad administrativa contra los senadores Ninfa Salinas Sada, Luis Armando Melgar Bravo, Emilio Gamboa Patrón, Juan Gerardo Flores Ramírez, Arely Gómez González y Javier Lozano, todos señalados por ser integrantes de la llamada “telebancada” [legisladores que tienen parentescos, intereres o trabajaron en las televisoras del país].
Los legisladores argumentaron que la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño presidente y director general de Grupo Salinas, “que conglomera a diversas empresas dedicadas a las telecomunicaciones como Tv Azteca y Unefon, compañía de telefonía móvil propiedad de Iusacell”.
Según su trayectoria empresarial publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, la Senadora Ninfa Salinas Sada, es miembro del Consejo de Administración del Grupo Salinas desde 2006; directora de Mercadotecnia y Publicidad de Grupo Salinas; así como socia fundadora y directora de i Latina, agencia de publicidad del Grupo Salinas; también es propietaria de una clínica de belleza.
ANTECEDENTES EN LA IMPUNIDAD
Casos de conflicto de intereses abundan en el escenario político mexicano. En el año 2002, el entonces Senador panista Diego Fernández de Cevallos fue acusado por el Diputado perredista Emilio Ulloa, quien formalizó en ese año una solicitud de juicio político contra el Senador y abogado.
Emilio Ulloa sostuvo que Diego Fernández ganó un juicio millonario en favor de la familia Ramos Millán, gracias al “tráfico de influencias” y a “engaños”. El bufete del panista obtuvo una indemnización de mil 214 millones de pesos al ganar un juicio a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
El panista nunca negó su éxito como litigante, tampoco ha admitido que haya cometido en algún momento algún delito por llevar a la par sus trabajos como Legislador y abogado.
Pedro Joaquín Coldwell
El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fue acusado por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, de incurrir enconflicto de interés por ser dueño de gasolinerías en Quintana Roo, y al mismo tiempo, titular de la dependencia que promueve la legislación secundaria que impondrá nuevas reglas en el sector.
La Legisladora exigió la destitución Coldwell, a fin de que sea investigado por el probable conflicto de interés y actos de corrupción en que habría incurrido por ser accionista de varias empresas beneficiadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).
“El titular de la Secretaría de Energía tiene el 60 por ciento de las acciones de Servicio Cozumel, S.A. de C.V. localizada en Cozumel; el 40 por ciento de las accionesde la Planta de Combustibles Cozumel S.A. de C.V. conformada el primero de febrero de 1994; el 40 por ciento de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez S.A.de C.V”, afirmó la vicecoordinadora de la bancada del PRD en el Senado.
El servidor público se negó a renunciar al cargo y se deslindó del presunto conflicto de interés al asegurar que sólo es dueño de cuatro de las aproximadamente mil franquicias de gasolineras de Pemex, y que había informado esta situación en su declaración patrimonial.
Juan Camilo Mouriño
El extinto Secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño Terrazo, fue acusado por Andrés Manuel López Obrador, en 2008, por haber incurrido en presunto conflicto de interés cuando siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y más tarde como alto asesor de la Secretaría deEnergía, gestionara millonarios contratos para beneficiar a su empresa familiar Transportes Especializados Ivancar.
En mayo de ese año, una comisión especial creada en la Cámara de Diputados exoneró a Juan Camilo Mouriño, al concluir que los convenios firmados por Ivancar con Pemex-Refinación “son legales” y que no hubo “tráfico de influencias”.
Hermanos Bribiesca
Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, han sido blanco de diversas investigaciones por el presunto tráfico de influencias que se realizaron desde Los Pinos a favor de su empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V.
Según el entonces Diputado federal, Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión investigadora de los negocios de los hijos de Marta Sahagún en la LX Legislatura, la empresa Construcciones Prácticas habría sido beneficiada con contratos por seis mil millones de pesos, gracias a las influencias y redes de contactos de su mamá, así como por presuntos fraudes realizados desde la empresa Oceanografía contra Pemex.
La Comisión Investigadora envió sus conclusiones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual exoneró a los hermanos Bribiesca en abril de 2006.
El entonces titular de la dependencia, Eduardo Romero Ramos, aseguró que se presentaron “anomalías, pero no ilícitos”, en el caso en que Jorge Alberto Bribiesca Sahagún pago un cheque por la cantidad de un millón 303 mil 683 pesos al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) por un predio que aún no se le había adjudicado.
