Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (08 julio 2014).- El único juez federal hasta ahora suspendido por permitir la importación de vehículos usados busca que sus colegas lo reinstalen en su puesto. Pero nadie quiere hacerse cargo del caso.
José Daniel González Vargas, juez primero de procesos penales federales en Veracruz, fue suspendido el 12 de junio sin goce de sueldo por el Consejo de la Judicatura Federal, para investigar los beneficios que, cuando estaba adscrito a Mexicali, otorgó a importadores de autos usados para no cumplir con requisitos de un decreto presidencial.
El 23 de junio pasado, González promovió un amparo contra el oficio de suspensión.
Si la demanda es admitida a trámite, el juez puede a su vez solicitar una suspensión para que se le permita seguir en funciones, o por lo menos para que pueda seguir percibiendo parte de su salario, ya que hasta ahora ni siquiera se le ha abierto un procedimiento formal de responsabilidad administrativa, ni mucho menos se le ha sancionado.
El problema es que ningún juez quiere asumir el amparo. Ricardo Gallardo, juez Décimo Sexto en Materia Administrativa en el DF, se declaró incompetente por razón de territorio el 25 de junio, y mandó el caso a Veracruz, donde González estaba adscrito.
Seis días después, el juez Primero de Distrito en Xalapa, Arnulfo Moreno, también se declaró incompetente, alegando que el caso involucra hechos que ocurrieron «en diversas jurisdicciones» y devolvió el amparo al DF.
Finalmente, el 4 de julio, el juez Gallardo volvió a rechazar el expediente, por lo que un tribunal colegiado de circuito tendrá que resolver el conflicto competencial, y sólo después se determinará si se admite el amparo de González Vargas.
Justifican ingreso de coches usados
La importación de automóviles usados se hace cumpliendo con las leyes mexicanas y conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) suscrito por México, Estados Unidos y Canadá.
Así lo aseguró Carlos Madrigal Bohón, representante de la Asociación de Importadores de Vehículos al Amparo del TLCAN.
En este proceso de introducción de los vehículos, sostuvo, se cumple no sólo con la documentación administrativa, sino también con la contribución que está establecida por la Secretaría de Hacienda.
«Existe un procedimiento muy puntual que obliga la importación definitiva mediante el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medidas de transición que correspondan. Es decir que el País no deja de recibir los recursos respectivos», aseveró.
Madrigal aseguró que los automóviles que la asociación ingresa al País no son «chocolates», pues son regularizados y cumplen con las especificaciones mecánicas y técnicas para poder circular en territorio mexicano.
«En el marco del decreto automotriz que regula la importación definitiva de autos, renovado este año, se puntualizan restricciones que impiden la importación de autos nocivos para las comunidades.
«Por ejemplo se establece que: ‘No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado'», puntualizó.
Los vehículos usados de importación, sostuvo, no deben considerarse como una competencia de los automóviles nuevos que se producen en territorio nacional, pues satisfacen una demanda que no cubren éstos últimos debido a los altos precios que tienen.
«Los autos regularizados, además de generar ingresos al País vía impuestos, contribuyen a mediano y largo plazo con las economías locales ya que sus propietarios los utilizan como una herramienta más para elevar su productividad en los ramos agropecuarios y de servicios, entre otros», añadió.
En un mundo globalizado, en el que las economías interactúan profundamente, añadió, México no puede sustraerse a este intercambio, el cual resulta beneficioso para un amplio sector de la población que no puede adquirir un automóvil nuevo.
