Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- El abogado Leonel Rivero acusó hoy al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, de interferir en el proceso de defensa de 18 autodefensas de Aquila que se encuentran presos en el penal de Mil Cumbres, acusados de los presuntos delitos de portación de armas de uso reservado al Ejército y secuestro.
En entrevista con MVS Noticias, el litigante refirió que en un principio él se hizo cargo de la defensa legal de los 18 indiciados, pero que se vio obligado a hacerse a un lado, cuando Castillo mandó a un grupo de abogados para presuntamente acelerar la liberación de los detenidos.
“Abogados que se han ostentado como representantes de Castillo… dijeron que ellos en 15 días garantizaban su libertad. Es evidente que tenían el apoyo gubernamental porque si no, no hubieran podido ingresar a un penal federal”, dijo.
Incluso, mencionó que las autoridades del penal “les permitieron reunirse con todos los procesados y hacerles esa propuesta (de liberarlos). Nosotros no pudimos reunirnos con todos, eso requiere la existencia de una alta autoridad”.
Tentados por esa oferta, 15 de los18 autodefensas de Aquila decidieron aceptar la defensa de los abogados enviados por Castillo. Sólo Efraín, Agustín y Vicente Villanueva optaron por continuar con Rivero.
En la entrevista con MVS, el litigante reveló que el juez de la causa presentó conclusiones no acusatorias contra sus clientes por el delito de portación de armas.
No obstante, aclaró que los Villanueva continuarán en prisión porque todavía tienen la acusación de secuestro que fue hecha, según él, por empleados de jefes de plaza de los Caballeros Templarios,
El abogado detalló que el juez decidió sobreseer el procedimiento contra sus defendidos, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, luego de demostrar que se defendieron por su derecho a la vida y debido a que el Estado no garantizó su seguridad.
El juez, dijo, admitió como prueba el estudio sociológico que le presentaron y que señalaba que los ciudadanos ceden parte de sus libertades para que el Estado garantice seguridad pública, pero “demostramos que los tres niveles de gobierno no habían cumplido con su obligación”.
Los comuneros “habían acudido a instancias de gobierno y estas habían sido omisas”, por lo que Efraín, Agustín y Vicente Villanueva, subrayó, “optaron por transgredir ese principio” (la prohibición de portar armas de uso del Ejército) ante el hecho de que no existía el derecho a la vida”.
Añadió: “Fue esencialmente ese dictamen en materia de sociología lo que determinó (el sobreseimiento del proceso). No hay posibilidad de que el proceso se vuelva a activar por portación de armas de fuego”.
