Fermín Alejandro García
La Jornada
El conflicto que se vive en Tochtepec no es algo menor por dos razones: la primera porque el alcalde de ese municipio, Marcos Pérez Calderón, es el líder de los 25 presidentes municipales del PRD en el estado. Y la segunda, porque el edil se ha dedicado a emular al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el uso de la fuerza pública contra sus críticos y por su falta de respeto al patrimonio cultural, pues ha puesto en riesgo la preservación de un conjunto arquitectónico del siglo XVII solamente para instalar una cancha de futbol.
Ahí no termina todo. El problema que ha generado la mayor tensión en esa comunidad de 12 mil habitantes es que se quiere desarrollar a como dé lugar un proyecto minero en el cerro de Zapotlán, pese a que en la zona hay 17 pozos de agua que surten del líquido a la región y la extracción de minerales los pone en riesgo de que se sequen o se contaminen.
Se dice que atrás de ese proyecto minero están presentes los intereses económicos de un destacado legislador y ex funcionario del gobierno estatal, y por esa razón el alcalde siente tener el respaldo pleno del Poder Ejecutivo para amenazar con encarcelar a los pobladores que se opongan a sus dislates, como es clausurar una calle céntrica para que se convierta en cancha deportiva.
Para ser justos lo que pasa en Tochtepec no es privativo de este municipio, sino que en varias partes del estado se está observando a alcaldes –de todos los partidos– que se envalentonan para cometer barbaridades, ignorar a la población, desdeñar los ordenamientos legales y actuar con prepotencia. Ello es consecuencia de que en la cúpula del Poder Ejecutivo estatal se actúa con un alto grado de autoritarismo, el cual no se había visto en Puebla desde los años 70.
La afirmación de que el edil de Tochtepec está emulando al gobernador no es algo exagerado. Basta observar los siguientes datos comparativos:
El gobernador ha emprendido tres o cuatro proyectos que ponen en riesgo el patrimonio cultural de Puebla y Cholula, con la construcción de vialidades, reformas extravagantes a zonas históricas y los intentos de instalar un teleférico y una rueda de la fortuna, haciendo siempre caso omiso a los llamados de atención de académicos, expertos en la materia y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La respuesta que siempre ofrece el gobierno del estado a los críticas es el silencio o responder con frivolidades, al decir que son proyectos que generan desarrollo económico, que son propuestas de campaña, que embellecen el medio urbano. Es decir, no se utilizan argumentos con criterios académicos o que se adecuen a las normas internacionales de preservación patrimonial.
Al mismo tiempo el gobierno morenovallista tiende a criminalizar la crítica y los movimientos populares de la gente que cuestiona sus proyectos, y por esa razón en la actualidad hay un número importante de ciudadanos pobres, que son campesinos, amas de casa o estudiantes encarcelados bajo cargos como si fueran los peores criminales, y en el caso más extremo hay un menor de edad con pronóstico de que es muy probable que pierda la vida por recibir un impacto de una bala de goma en el cráneo.
Ahora analicemos el comportamiento del alcalde de Tochtepec:
En este municipio se encuentra –de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Amparo– uno de los templos religiosos del virreinato más importantes del estado, luego de los que se edificaron en la capital.
De acuerdo con testimonios documentales en el siglo XVIII se hizo un trabajo de revestimiento del templo principal de Tochtepec, de tal manera que los retablos fueron trabajados por los talleres que laboraban en torno a la Catedral, la iglesia de la Compañía de Jesús y el convento de San Francisco de la ciudad de Puebla.
Como parte del templo, la plaza principal de Tochtepec se dividió para actividades religiosas, comerciales y de reunión cívica de los pobladores. El trazo de la zona y los usos se han preservado, hasta que llegó el actual alcalde, quien originalmente militaba en el PAN y para lograr acceder al cargo de edil se afilió al PRD.
Marcos Pérez, bajo el argumento de que debe cumplir una promesa de campaña, mandó a bloquear una calle que divide la plaza principal, para ahí intentar construir una cancha de futbol, con pasto sintético y que tendrá un costo de un millón 200 mil pesos. Con esa instalación se rompe el trazo histórico del área y el paisaje cultural del templo del siglo XVII, sin contar que mucha gente se opone a la obra.
A la par, se ha avanzado en el proyecto minero. Se sabe que algunos particulares ya vendieron sus predios para facilitar la extracción de los minerales, pero otro grupo de dueños de tierras se oponen. En general los labriegos de la zona y los pobladores están preocupados por la contaminación que se pueda generar y los daños a los pozos.
Las respuestas que el alcalde ha ofrecido a los opositores a su gobierno son tres: una, que nada se puede hacer contra la mina, que hay intereses poderosos atrás.
Dos, que la cancha se va a hacer porque por eso ganó las elecciones.
Y tres, que les ha dicho a los vecinos que si lo siguen cuestionando va a meter a la cárcel a los que no quieren la mina y la cancha.
Ese tipo de conducta de cerrazón, autoritarismo, intolerancia e irracionalidad es resultado de que los presidentes municipales se dan cuenta que que así se actúa desde el «Poder Ejecutivo».
