- En la desaparición de campesinos actuaron fuerzas policiacas y militares, corrobora
- La división entre los familiares de las víctimas, la principal dificultad de la Comverdad, acepta
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
La Jornada
El comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García, lo define en pocas palabras: “Está claro: (la guerra sucia) fue una decisión de Estado, pero una decisión del más alto nivel”.
En la desaparición y asesinato de cientos de campesinos durante la campaña contrainsurgente contra las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez actuaron fuerzas federales, estatales o municipales “coordinados por la decisión política, atendiendo una decisión política al más alto nivel. Y se los llevaron frente a sus familias en algunos casos, o los sacaron de un lugar público; alguna gente venía a vender su café a Atoyac o El Paraíso u otros lados, y los tomaron cuando estaban tomándose una cerveza, los vieron sus demás familiares, o sus hijos, o en algunos casos no se sabe: salieron a trabajar y ya no regresaron y se supo por ahí que después los vieron en el cuartel militar”, dijo.
En entrevista, a dos meses de que concluya sus actividades la Comisión de la Verdad, el comisionado habla de los datos que encontró el organismo, la actitud inicial de los familiares de las víctimas, que vieron con desconfianza al naciente organismo, y del gobierno federal, que no consideró tema de interés a la guerra sucia hasta que fue citada en una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
–¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontró la Comisión de la Verdad?
–Al principio, la dificultad era para llegar a los familiares, a las víctimas, porque han pasado 40 años, y uno tras otros, hay que retomar el tema. Otra era que estaban muy divididos. Cada uno decía ser auténtico, pero todos son auténticos. Siempre la dificultad mayor más que los recursos, es el problema de las relaciones humanas: si están las personas dispuestas a emprender algo, se hacen las cosas; y aquí fue una de las grandes dificultades.
La relación con los familiares de la víctima
–¿Los familiares de las víctimas creían en ustedes?
–No mucho, yo creo. Creo que algunos sí, porque nosotros también fuimos una propuesta de algún sector, prácticamente de gente que no estaba en ninguna de las organizaciones, o algunos amigos que estaban en algunas, más bien la gente que se nucleaba a partir de la familia Santiago Dioniosio, de Octaviano. A nosotros nos propusieron unos 80 familiares, después se hizo un foro donde invitamos a todos. Las ONG nos dieron el beneficio de la duda, en palabras de la compañera fallecida Rocío Mesino; algunos otros callaron: ni para bien ni para mal. Yo creo que creían que nosotros íbamos a hacer un proyecto electoral que estuviera al servicio de las autoridades, pero nosotros pensamos que era una buena oportunidad para atender de una vez por todas un tema muy difícil, muy complicado, y nos dedicamos a eso.
–En los primeros foros que se hicieron, alguien planteó que la Comisión investigara también excesos y asesinatos de la guerrilla. ¿Se abordó ese tema?
–Son pocos casos. Son parte de la historia y por lo tanto son parte de estos temas también. Si hemos encontrado algún dato en el Archivo General de la Nación lo abordamos, pero no tenemos ningún testimonio de las personas así. En esos casos la verdad está clara: la guerrilla no ocultó lo que hizo. Y en el otro, son detenciones, son desapariciones, son delitos de lesa humanidad que sí se requiere de la búsqueda y que no están solucionados. De alguna manera los casos realizado por la guerrilla, están claros, no hay mucho que indagar. Lo que no está claro es dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos. Se sabe hasta un determinado momento dónde estuvieron, y hemos encontrado incluso más datos de dónde más los vieron, pero no sabemos cuál fue el destino final. Y eso es la justificación para la existencia de la Comverdad, la búsqueda de la verdad.
–Sin embargo va a terminar sin las respuestas para ese punto.
–Precisamente hemos hecho lo posible para que el Estado mexicano mire, vuelva la vista hacia este sector de personas afectadas y que se tomara la decisión política pertinente para que le dé satisfacción a estas personas. Eso sería lo más grandioso que pudiera haber y que no depende en buena medida de la investigación nuestra. Vamos, nuestra investigación va a dar elementos jurídicos para seguir un caso por una vía jurídica, seguramente, en los tribunales nacionales e internacionales. Pero sería muy sencillo para el Estado mexicano que tomara una decisión política y dijera: los archivos se abren, tómense medidas para que se sepa exactamente qué se hizo, llámense a los mandos que estuvieron todavía en esa época, los sobrevivientes. Nadie sabe qué pasó. Sería muy fácil, y no estaríamos con toda esta actividad que tenemos. Creo que el pueblo quedaría satisfecho, tal vez no contento totalmente, pero diría ocurrió esto, el Estado mexicano tomó medidas, va a hacer las cosas bien, ya no va a haber ese riesgo otra vez, ya no se va a repetir la historia.
–La Comisión no logra determinar a dónde fueron los desaparecidos, ¿pero sí logra determinar que fue el Estado quien lo desapareció?
–Definitivamente: no hay otra. Está claro: fue decisión del Estado, y ahí es el gobierno federal, pero (fue) una decisión del más alto nivel.
