Redacción / Sinembargo
Guadalajara (México), 20 jul (EFE).- Los 480 habitantes del pueblo mexicano de Temacapulín luchan desde hace años para evitar que el proyecto de la presa El Zapotillo se lleve sus casas, los deje sin trabajo y vulnere sus derechos humanos.
“Nosotros no nos movemos de aquí. Si nos llega el agua, sabemos nadar. Nuestra postura es esa: jamás venderemos ni queremos reubicarnos, pase lo que pase”, dijo a Efe Francisca Carvajal, una de las habitantes de este poblado localizado en el estado occidental de Jalisco.
Su férrea postura y la de casi todos los que viven en Temacapulín contrasta con la tranquilidad que prevalece en este sitio de apenas unas 15 cuadras (manzanas), situado a 100 kilómetros de Guadalajara, la capital de Jalisco.
El malestar en el pueblo comenzó hace nueve años, cuando se enteró de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las empresas La Peninsular Compañía Constructora, FCC Constructores y Grupo Hermes construirían este proyecto hidráulico a 30 kilómetros río arriba de la comunidad.
La presa ya es construida sobre el río Verde, cerca de Temacapulín, con el fin de llevar el agua hasta la zona árida de Los Altos de Jalisco y Guadalajara, así como a León, capital del estado central de Guanajuato, y que beneficie a 2,4 millones de personas.
De acuerdo con Conagua, para reunir 911 millones de metros cúbicos de agua es necesario levantar una cortina de 105 metros de altura para un embalse que inundará unas 4.816 hectáreas.
Ello provocará la desaparición de los pequeños poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, este último con 200 años de antigüedad y cuya iglesia es una joya arquitectónica de la región.
La Conagua ha negociado con los pobladores la compra de sus viviendas y su reubicación en un complejo de 32 casas en Talicoyunque, un terreno cercano al pueblo.
Los habitantes de Acasico y Palmarejo aceptaron la oferta, pero los de Temacapulín se niegan a hacerlo porque las nuevas casas son más pequeñas que las suyas y carecen de servicios básicos.
Además, tendrían que encontrar trabajo, pues el nuevo sitio no reúne las condiciones para dedicarse a la apicultura o la ganadería.
“Lo único que piden los habitantes es que se respete el proyecto original”, una cortina de “80 metros y dos diques para la protección de Temacapulín”, dijo la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González, que asesora a la comunidad.
Las mujeres y el cura del pueblo Gabriel Espinoza encabezan el movimiento “Salvemos Temaca”, que busca evitar que les despojen de sus propiedades y sus tierras de cultivo, pero hasta ahora solo han encontrado silencio en las autoridades.
“Se está haciendo una obra contra la ley. Vamos a encontrar los caminos para que se respete nuestra vida, nuestros derechos humanos, nuestra tierra y nuestras decisiones. No nos vamos a rendir”, declaró a Efe el sacerdote.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó en 2009 al Gobierno de Jalisco detener la obra hasta garantizar el cumplimiento de los derechos de los habitantes y realizar estudios para proyectos hidráulicos alternativos. Sin embargo, las autoridades la ignoraron.
La lucha llegó a los tribunales en 2012, con una controversia constitucional promovida por los diputados de Jalisco. Un año después el Supremo invalidó un acuerdo firmado en 2007 para aumentar la altura de la cortina de 80 a 105 metros y ordenó mantener el proyecto original de 2005.
“Salvemos Temaca” interpuso tres amparos. En dos de ellos un juez ordenó la suspensión provisional del Zapotillo y en el tercero, apenas el 9 de julio pasado, determinó la suspensión definitiva.
Ello obliga a detener la construcción hasta asegurarse que no ha sobrepasado los 80 metros y evitar que Temacapulín sea inundado, dijo a Efe Guadalupe Espinoza, abogado de la organización.
Sin embargo, la construcción de la presa continúa, como constató Efe en un recorrido por la zona, que es custodiada por policías federales.
A principios de junio un grupo de pobladores llegó hasta el lugar para verificar el cumplimiento del mandato de alto tribunal, pero no les permitieron la entrada.
Efe intentó sin éxito entrevistar a funcionarios de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y de Conagua, así como a representantes de las constructoras, que aparecen como terceros involucrados en las quejas interpuestas.
El director de Conagua, David Korenfeld, asegura que la cortina de la presa está por debajo de 80 metros e insiste en la necesidad de paliar la escasez de agua y “construir esta plataforma, que garantice la sostenibilidad de la mayoría” de los habitantes.
Entre tanto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señala que mientras exista el criterio del alto tribunal y la suspensión, no permitirá que la presa pase de 80 metros.
No obstante, los pobladores tramitan un permiso para entrar en la presa con el fin de verificar que la cortina no haya sobrepasado los 80 metros.
De ser así, las autoridades cometerían desacato y podrían iniciar un procedimiento penal, explicó Patricia Campos, abogada de la organización, que no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso.
