David Martínez Huerta
Sinembargo
El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, durante las sesiones de este fin de semana. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Este fin de semana, el Senado de la República aprobó tres de cuatro dictámenes que integran la Reforma Energética, en sesiones maratónicas de 15 horas en promedio, transmitidas sólo por el Canal del Congreso y sin los reflectores de la televisión abierta, porque la Secretaría de Gobernación indicó que no puede pedir a los concesionarios que cedan 10 minutos diarios para la transmisión de cápsulas informativas.
La mayoría legislativa conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) avaló mantener sin cambios en la legislación secundaria el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking, para extraer shale gas del subsuelo.
La propiedad privada pasó a segundo término en la legislación secundaria porque consideró que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos son “interés social” y de “orden público” que tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de las tierras superficiales.
Establece la innovadora figura de “ocupación temporal” en lugar de hablar de “expropiación”, para los casos en que las empresas trasnacionales requieran extraer hidrocarburos en el subsuelo de ejidos, propiedades indígenas o pequeños productores. El mismo caso aplica para la industria eléctrica, cuando sea necesario que pasen por allí el tendido de redes o se deban crear instalaciones para la generación de energía.
Los propietarios de tierras podrán tener un beneficio de entre 0.5 y 2 por ciento de las ganancias por la explotación de recursos en sus terrenos. Sin embargo, se estableció que cada caso será negociado de forma particular entre los propietarios y las grandes empresas trasnacionales, con la mediación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y en caso de no existir “acuerdo”, el caso se irá a los tribunales y el contratista podrá pedir a un juez la constitución de “servidumbre legal”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará de ser el monopolio del Estado mexicano que genera y suministra energía eléctrica, porque esa actividad que antes se consideraba como un servicio público, hoy permitirá a la iniciativa privada participar en la generación y el suministro de energía eléctrica.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejarán de ser paraestatales y se transformarán en empresas productivas de Estado mexicano, conforme a “las mejores prácticas a nivel internacional”.
De último minuto, el Senado aprobó que no se requerirá licitación y se podrá adjudicar de manera directa a los titulares de concesiones mineras, los contratos de exploración y extracción de gas natural en vetas de carbón mineral.
EL FRACKING SE QUEDA
Alianza contra el Fracking presentó firmas en el Senado de la República. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
La Ley de Hidrocarburos contempla el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción del gas y petróleo de lutita.
Durante la sesión del jueves y viernes para discutir la Ley de Hidrocarburos (misma que se aprobó la madrugada del sábado), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se sumó a la solicitud firmada por 10 mil ciudadanos para demandar que se evite el uso de esta técnica por sus efectos nocivos para el medio ambiente.
Los perredistas pidieron excluir la aplicación de la técnica del fracking de los artículos quinto, sexto, 20, 32, 37 la Ley de Hidrocarburos.
“En lugar de tener beneficios energéticos tendremos problemas ambientales (…). Unos cuantos van a ver cómo sus bolsillos se llenan de dinero, mientras la pobreza sigue azotando a la mayor parte de los mexicanos”, sostuvo el Senador del PRD, Benjamín Robles Montoya.
Varios senadores perredistas expresaron en tribuna los efectos nocivos de esta técnica y enfatizaron que los estados colindantes con Estados Unidos y el Golfo de México, desde Chihuahua hasta Campeche, sufrirán un gran impacto con la aplicación de la técnica fracking, según estudios de la Administración de la Información Energética, de Estados Unidos.
También enumeraron una larga lista de países que han prohibido este procedimiento: estados de la Unión Americana, Inglaterra, España o la Unión Europea, por sus efectos nocivos para el desarrollo humano sustentable.
Irónicamente, El Partido Verde Ecologista de México defendió el empleo de la fractura hidráulica para extraer el gas y el petróleo shale, dos tipos de hidrocarburos vitales en la Reforma Energética del PRI, y de cuya extracción masiva depende la posibilidad de que baje el precio de la electricidad, según el dictamen a consideración.
“Yo no vengo aquí a debatir lo que el Senador Pablo Escudero cree. No, yo de fracking no sé, yo soy abogado, tengo una maestría de administración pública. Lo que sí sé, fue ir buscar a los 50 expertos. Lo que sí sé, fue ir a buscar estudios científicos y eso es lo que quiero presentar. Cincuenta estudios científicos que avalan nuestro voto”, explicó el Senador del Verde, Pablo Escudero Morales y dijo que hasta Mario Molina Pasquel y Henríquez, Premio Nobel de Química está a favor del fracking.
En respuesta, el Senador perredista Armando Ríos Piter pidió no polemizar sobre qué científicos están a favor o en contra de la fractura hidráulica para desviar la atención del problema de fondo con, que es, dijo, la disponibilidad del agua en la frontera norte.
“[El debate] no es si está permitido o no en Estados Unidos, lo que debamos de analizar para ver el fracking, si no es la disponibilidad de agua, y especialmente la acidificación que tienen los mantos freáticos de este lado de la frontera”, dijo el legislador por Guerrero.
En su oportunidad, el Senador panista Javier Corral anunció que en este punto votaría en contra de la Ley de Hidrocarburos en los particular porque estaba convencido de que el fracking es una técnica depredadora y dañina para la salud, para el subsuelo, para las tierras superficiales y para los derechos de las comunidades.
“No tengo la menor duda de las nefastas y funestas consecuencias que esta técnica producirá frente incluso a los recursos que se invierte, porque es una de las técnicas, quizá menos rentable en términos de extracción de hidrocarburos. Es una técnica altamente depredadora del medio ambiente”, dijo el legislador por Chihuahua, uno de los estados en riesgo del empleo de esta práctica.
Por respuesta, el priista Jesús Casillas Romero indicó que el modelo utilizado en la legislación secundaria está planteado para que el Estado cuente, por un lado, con funciones de administración de los recursos petroleros, y por otro, con una debida regulación y vigilancia de los temas de seguridad industrial.
“La propuesta contempla aspectos preventivos, correctivos, sancionadores, así como la remediación en caso de que se actualice alguna emergencia, tanto en materia de seguridad industrial como de protección al medio ambiente”, dijo.
LA TENENCIA DE LA TIERRA
El artículo 96 de la recién creada Ley de Hidrocarburos confirma lo que se previó desde la reforma constitucional, que las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo.
Para garantizar que ningún interés particular esté por encima del interés de la Nación cuando se trate de la industria de hidrocarburos, el mismo artículo 96 dice:
“Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera”.
Activistas y expertos en la materia habían advertido sobre la posibilidad de que los términos “ocupación temporal” y “servidumbre legal”, que priistas y panistas colocaron en el dictamen para eliminar la palabra “expropiación”, tendría graves consecuencias para miles de campesinos que viven en las zonas petroleras.
En el debate del fin de semana, el Senador priista David Penchyna Grub defendió la figura de la ocupación temporal como una herramienta para orillar a la iniciativa privada a rentar terrenos de particulares, en lugar de expropiarlos, con un margen de utilidad para los propietarios de entre 0.5 a 2 por ciento para los propietarios.
“La ocupación temporal es viable, ya que después de utilizar los terrenos con hidrocarburos y extraer la riqueza de todos los mexicanos y maximizar la renta de la propiedad de todos, se pueda regresar a sus propietarios privados o comunales para que puedan continuar con la actividad que actualmente realizan”, aclaró Penchyna.
En el debate, el Senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo denunció que con la “ocupación temporal”, el Gobierno federal deja en manos de la iniciativa privada las negociaciones para el saqueo de los territorios.
Más preocupante aún, el Senador Demédicis, destacó que se abría la posibilidad de que los ejidatarios e indígenas estén en riesgo de sufrir “desapariciones forzadas” e “intimidación”, con el objetivo de consentir que sus tierras sean utilizadas con fines de explotación de hidrocarburos.
El panista Roberto Gil Zuarth se dijo sorprendido de que el PRD defendiera tanto la propiedad de comuneros cuando los gobiernos perredistas han usado esta herramienta jurídica para sus propios intereses.
“Es verdaderamente sorprendente que defiendan las expropiaciones en colonias populares y en zonas residenciales en la Ciudad de México, para hacer la ‘Súper Vía’ que concesionan a una empresa española. Entonces, la expropiación sí tiene sentido para hacer negocios viales de particulares, pero no tiene sentido para generar energía eléctrica barata para los mexicanos, ¡Vaya contradicción de la izquierda mexicana!”, dijo el Senador y abogado panista.
EL TEMA DE LOS SUBSIDIOS
El dictamen de la Ley de Industria Eléctrica que se puso a consideración de los senadores este fin de semana, eliminaba los subsidios generalizados en tarifas eléctricas para dar paso a una política de subsidios focalizados para la población más pobre.
La eliminación del apoyo gubernamental afectaría al 98.7 por ciento de los usuarios residenciales de la CFE que actualmente reciben algún tipo de aportación.
Durante la discusión del sábado en el Pleno del Senado, la bancada del PRI y de PAN defendieron activamente los beneficios de eliminar los subsidios generalizados y cambiarlos por subsidios focalizados, que abarcaría sólo a la población más marginada del país, aunque nunca se especificó cuál sería el método para definir a quién se beneficiaría con este apoyo.
“Subsidios focalizados. Efectivamente, eso es lo que queremos, para que no haya subsidio a los ricos, los haya a los pobres, porque la industria energética sí está en crisis, está quebrada, totalmente quebrada; qué mejor quiebra, de que los mexicanos estén pagando 40 por ciento en promedio más en el sector industrial o 35 en el sector doméstico”, afirmó el Senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía.
Alegó que uno de los principales problemas del sector es la falta de competitividad, pues tan sólo el año pasado la CFE requirió más de 85 mil millones de pesos en subsidios.
Durante el debate, la oposición reprochó una y otra vez la eliminación del subsidio. Desde las redes sociales también se ejerció presión sobre la posibilidad de que gran parte de la clase media baja y alta ya no contaría con el subsidio.
“Este subsidio inflado sólo alcanzaría para muy pocos. Van a quitar el resto, a eso se le llama reducir los subsidios, y se van a quedar con alrededor de unos 35 mil millones de pesos. Eso es lo que van a dar de subsidio”, afirmó en tribuna el Senador David Monreal.
La presión hizo que de último minuto, los senadores David Penchyna (PRI), Jorge Luis Lavalle (PAN) y Salvador Vega Casillas (PAN) presentaron la eliminación del tercer párrafo del artículo 139, con el propósito de dar marcha atrás a la medida.
El texto eliminado decía:
“No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados”.
Pero el PRD insistió en que quitando estos tres párrafos no se arregla el problema.
“Esta discrecionalidad para el Ejecutivo no puede sino desembocar en serios abusos en las zonas más marginadas del país, porque ya sabemos cómo gobiernan ustedes”, afirmó el Senador Benjamín Robles Montoya.
DESMANTELAN PEMEX Y CFE
La oposoción asegura que con las nuevas leyes se desmantelará a Pemex. Foto: Cuartoscuro
La Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad pretenden modernizar ambas empresas para que cuenten con mayores herramientas para competir en igualdad de condiciones con las empresas particulares dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos.
Para ello, las libera de las responsabilidades que tienen actualmente, según el artículo tercero de ambas leyes, llegando incluso al extremo de desplazar a Pemex y CFE de las actividades centrales que hoy desempeñan, que en el caso de Pemex la exploración y extracción; y en el caso de la CFE es la generación de electricidad.
Para la izquierda, estas nuevas leyes pretenden desmantelar a las antiguas empresas paraestatales que eliminarán la rectoría económica del Estado y subordinan el interés público al mercado convirtiendo a la propiedad de la Nación en empresas propiedad del «Presidente» de la República.
El artículo dos de ambas leyes establece que “Pemex y CFE son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal”, lo cual, a decir del Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, es inconstitucional porque se contrapone a lo expresado en el artículo 27 constitucional, que dice: “tratándose del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescindible”.
El Senador Encinas manifestó que los artículos dos y tres de estas leyes dan manga ancha al «Ejecutivo» en turno quien decidirá sobre todos los temas vinculados con ambas empresas. En otras palabras, dijo, solo estos dos artículos derriban la premisa de la Reforma Energética de que armas van a gozar de autonomía de gestión y presupuestal.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Como advirtieron expertos en la materia consultados por Sin Embargo, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos excluye a los 10 integrantes del Consejo de Administración de Pemex de las obligaciones y sanciones que impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre ellas, los candados que impiden que los funcionarios y sus familiares hasta en cuarto grado, participen en el sector energético.
Asimismo, fortalece las atribuciones de los secretarios de Hacienda y de Energía dentro del Consejo de Administración, pues en el artículo 14 se especifica que el Consejo de Administración se integrará por el Secretario de Energía como su presidente y casi a la par coloca al Secretario de Hacienda.
Más grave aún, dijo, las leyes permitirán que quienes trabajen en estas empresas del Estado no serán considerados servidores públicos, por lo cual, no serán sujetos de las Leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos y no van hacer sujetos obligados en la rendición de cuentas en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Por eso, quieren sujetar al derecho privado, civil y mercantil las adquisiciones, licitaciones, los contratos de obra y todos los contratos que se asignen en materia de hidrocarburos y generación de electricidad, esto va en contra de la Constitución”, sostuvo.
CONTRATOS Y ANTICORRUPCIÓN
Este fin de semana, senadores del PRD criticaron que las leyes secundarias en materia energética permiten un amplio margen de negociación de la Secretaría de Hacienda en la celebración de contrato con las empresas privados.
Asimismo, se percibe amplia discrecionalidad en el otorgamiento de contratos para que los inversionistas se aprovechen de la renta petrolera.
El PRD sostuvo que la Ley es deficiente en establecer criterios específicos de seguridad ambiental e industrial, y de impacto social como parte de los requisitos para la celebración de contratos. Tampoco, dijo, existen compromisos reales para que las ganancias de la renta petrolera sirvan para mitigar el impacto social que generen las empresas.
El Senador perredista Zoé Robledo pidió que en el artículo 26, que establece con qué empresas la Comisión Federal de Hidrocarburos no podrá celebrar contratos, se añada a compañías que hayan cometido actos de corrupción en otros países y empresas que no cumplan con compromisos ambientales.
En respuesta, el PRI sostuvo que varias de las dudas sobre transparencia y rendición de cuentas se resolverán en la Ley en la materia, aunque no se comprometió a decir cuando se incorporarían a la nueva legislación.
Por otra parte, la Senadora Dolores Padierna se refirió a que el dictamen contempla un capítulo de sanciones muy laxo a asignatarios y contratistas que cometan alguna infracción, éstas, señaló, serán simbólicas comparado con las ganancias que obtendrá la empresa con la continuidad de su contrato o asignación para la explotación o extracción.
“La discrecionalidad, la omisión legislativa, las megas facultades para la Secretaría de Hacienda y la Sener, se prestan a la corrupción y a la pérdida de recursos. Debe haber reglas claras, transparentes, facultades equilibradas y controles democráticos por parte del Congreso”, enfatizó.
