José Antonio Román
La Jornada
En los años recientes, la gestión de la Contraloría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue deficiente, mínima y extraordinariamente débil en la vigilancia y control financiero y operativo del partido, incluida la etapa de la «campaña presidencial» de 2012.
De acuerdo con el informe elaborado por la misma contraloría, la situación se presentaba especialmente grave en marzo de 2013. En una larga lista de insuficiencias, omisiones y faltas encontradas en dicha área se señala que existía una ‘‘mínima actividad de auditoría’’, pues sus acciones se centraban en la entrega-recepción de puestos.
Además, no tenía acceso a información financiera y operativa de las áreas de administración y finanzas, por lo que su participación era débil en atención a la vigilancia y control; se carecía de manuales, procedimientos integrales y sistemas de control eficaces. La plantilla era limitada en número, pero también se mantenía con salarios bajos que impedían contratar personal experto y peritos.
En el diagnóstico entregado a los miembros del Consejo Político Nacional, se advierte también que en la Contraloría General había total ausencia de coordinación con los órganos de dirección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y con las áreas de control interno de los comités directivos estatales.
Aunque el informe reporta que el diagnóstico sobre la gestión de la Contraloría se realizó al mes de marzo de 2013, sin dar un periodo exacto del inicio de dicho análisis, se estima que esta situación prevaleció cuando menos durante las dirigencias nacionales priístas de Humberto Moreira –quien tomó posesión en marzo de 2011–, siguiéndole las de Pedro Joaquín Coldwell, las dos gestiones muy breves de Cristina Díaz, y los primeros meses del actual líder nacional priísta, César Camacho.
Entre gran número de deficiencias, faltas y omisiones se citan la no verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, la no adopción de cambios tecnológicos y regulatorios y la falta de programas de capacitación para el personal, además de un bajo tabulador.
El reporte de 17 páginas, suscrito por el actual contralor general del CEN del PRI, Juan Manuel Arguelles Dueñas –quien tomó posesión del cargo precisamente en marzo de 2013–, aclara que bajo ninguna óptica dicho informe pretende afectar o demeritar el trabajo conjunto del tricolor o de sus autoridades.
El objetivo central, según dice, es que sea una ‘‘herramienta técnica’’ que ofrezca a los integrantes del Consejo Político Nacional información respecto de la evaluación administrativa a la que se encuentra sujeto el partido, y se valoren la pertinencia de adoptar medidas correctivas que atiendan la problemática y se implanten los proyectos que perfeccione y simplifique el actuar de la institución.
