Héctor Briseño
La Jornada
Acapulco, Gro., 29 de julio. El «gobernador» Ángel Aguirre Rivero sostuvo que las detenciones de opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota no tienen carácter político, sino obedecen a denuncias “y el procurador puede ampliar la información”.
En conferencia de prensa, el mandatario anunció que firmará el oficio para que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, pueda ser trasladada del penal federal de Tepic, Nayarit, a una cárcel de la ciudad de México, como han pedido diputados federales, pero advirtió que una negociación no puede estar por encima de las leyes de Guerrero.
La mañana del lunes, elementos de la policía investigadora ministerial detuvieron a tres miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) en las inmediaciones de los bienes comunales de Cacahuatepec cuando se dirigían al municipio de San Marcos, en la Costa Chica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confirmó que la detención se debió a una tentativa de homicidio contra miembros de la familia Bailón Dorantes, de la comunidad de Parotillas, en abril pasado. Esta causa motivó la detención y el traslado del vocero del CECOP, Marco Suástegui Muñoz, al penal federal de Tepic, Nayarit, el pasado 17 de junio.
Los activistas Maximino Solís Valeriano, Julio Ventura Asencio y Emilio Hernández Solís, fueron trasladados el Centro de Reinserción Social de Acapulco y el domingo se definirá su situación jurídica. Solís Valeriano quedó libre porque fue aprehendido por una acusación de lesiones que data de 2005 y ya prescribió.
