HÉCTOR BRISEÑO
y CITLAL GILES SÁNCHEZ
La Jornada
Chilpancingo, 03 de julio. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, consideró que el nuevo auto de formal prisión contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, es con el objetivo de reactivar el proceso con el que se busca imponer el proyecto hidroeléctrico.
Este miércoles el juez primero en materia Penal de Tepic, Nayarit, dictó auto de formal prisión por el delito de robo calificado contra Suástegui Muñoz, por lo que el vocero del Cecop no alcanza fianza para llevar su proceso en libertad.
A través de un comunicado, Abel Barrera consideró que esta nueva resolución contra Suástegui Muñoz “forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”, que en menos de 20 días “ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana”.
Barrera Hernández manifestó que estas acciones sólo muestran la estrategia del gobierno del estado para criminalizar a los luchadores sociales.
Marco Antonio Suástegui fue “ilegalmente” trasladado a distintos penales “por criterios políticos arbitrarios, en abierta violación de sus derechos humanos”.
De igual forma se indicó que a los dos procesos que actualmente están abiertos y por los que ya se le dictó orden de aprensión, se le suman dos causas penales más: una por lesiones simples y la otra por despojo, y por las cuales ya se le tomó su declaración preparatoria y se encuentra a la espera de la decisión judicial dentro del plazo constitucional.
“Todas estas acusaciones están plagadas de violaciones al debido proceso y tienen un trasfondo claramente político, por lo que se trata de procesos que ocultan las intenciones del Estado de criminalizar la lucha social, con el claro objetivo de debilitar el movimiento que desde hace once años han emprendido comuneros y campesinos en la defensa de su territorio organizados en el Cecop”, indicó Tlachinollan.
De igual forma Barrera Hernández manifestó que la detención del líder del Cecop “pone en evidencia el uso desviado del sistema de justicia estatal y la utilización los penales de máxima seguridad para desacreditar la trayectoria de un luchador social, sumando el caso de Suástegui a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero (…) el gobierno del estado busca legalizar el despojo sistemático por parte de actores estatales y no estatales del río Papagayo”.
El Cecop no cederá: Felipe Flores
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, señaló que dirigentes opositores continuarán con la organización para la conmemoración del 11 aniversario de oposición al proyecto hidroeléctrico impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, que se efectuará el próximo 28 de julio en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El dirigente fundador del Cecop lamentó que autoridades dictaran el miércoles pasado auto de formal prisión contra Marco Suástegui Muñoz, también vocero y líder del Cecop, por el delito de robo calificado.
Felipe Flores mencionó que se buscará la vía jurídica y social para buscar la liberación de Marco Suástegui.
Manifestó que “sabemos que es difícil pero vamos a luchar porque traigan a Marco Antonio al estado, vamos a luchar porque lo liberen”.
Tlachinollan señaló que con el hecho, el gobierno estatal demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales.
Sostuvo que el traslado ilegal de Suástegui Muñoz a la cárcel de La Unión y a un penal federal se efectuó en desacato a dos suspensiones concedidas por juzgados de distrito en dos juicios de amparo, de números 543/2014 y 649/2014.
Señaló que el primero de julio le fueron notificadas dos causas penales más al vocero del Cecop, una por lesiones simples y otra por despojo, además de que existe una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje, respecto de la cual no le ha sido notificada ninguna resolución aún.
Tlachinollan enfatizó que el trasfondo es la intención de reactivar el proceso con el cual se busca imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
