Jair García
La Jornada
Los «poderes» Ejecutivo y Legislativo violaron el decreto número 156 expedido por el ex gobernador Rafael Hernández Ochoa y publicado en la Gaceta Oficial del estado el 27 de noviembre de 1975, mediante el cual expropia el Rancho Guadalupe, para que sea destinado exclusivamente a la conservación del bosque de niebla.
Incluso, dentro del decreto,se establece que esa extensión de terreno pasará a ser parte del Jardín Botánico y del parque Francisco Javier Clavijero.
Por ello, la donación de 30 hectáreas del Rancho Guadalupe, anexo al Jardín Botánico, a título gratuito que solicitó el gobernador Javier Duarte de Ochoa y autorizó el Congreso local a favor de Pronatura y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), serían ilegales, por existir el citado decreto.
Dicho decreto fue firmado por el ex mandatario estatal el 24 de diciembre de 1975, lo que pretendió fuera un regalo de Navidad, que durara para siempre a los veracruzanos.
El predio rústico denominado Rancho Guadalupe, ubicado en el punto conocido como La Haya, del municipio de Xalapa, en la carretera antigua a Coatepec, con superficie 76-94-43-51 hectáreas, es propiedad del gobierno del estado de Veracruz y es en consecuencia un bien inmueble del dominio del poder público, por tanto se regula su destino en los términos que precisan los siguientes artículos, dice textualmente el principio de dicho decreto expedido por el ex gobernador Rafael Hernández Ochoa.
En el artículo segundo del decreto se precisa: “se declara de uso común y en tal virtud inalienable e imprescriptible el aprovechamiento de tres porciones del inmueble a que se refiere el artículo anterior”.
Posteriormente, en dicho decreto se detalla las colindancias del Rancho Guadalupe, que hace un par de semanas fue donado a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG), señaladas de operar a favor de la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Además determina que corresponderá al Ejecutivo estatal, la construcción, conservación y protección de los edificios y zonas verdes del inmueble, así como el gobierno y administraciones del mismo.
También indica que las porciones que se destinarán a uso común, se pondrán al servicio del pueblo, previa la realización de las obras que requieran dicho destino.
En el artículo octavo, el ex gobernador Rafael Hernández Ochoa previó delegar el cuidado y preservación de esa área boscosa y del Jardín Botánico exclusivamente a instituciones científicas, como sucedía con el Instituto de Ecología (Inecol), el cual hace unos días se desligó de esa zona boscosa, incluso avalando que sea donada a Pronatura y al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para que en medio de los árboles se construyan oficinas para lo que calificaron un “clúster ambiental”.
