«Alcaldesa» panista de Pachuca se niega a cancelar parquímetros pese a delitos de la empresa favorecida

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Yoli Tellería se dice ‘atada de manos’ para quitar los parquímetros instalados por Eleazar García; lo cierto es que los vínculos con la empresa ComuniPark no han querido ser rotos a pesar de contar tanto con la razón jurídica como con antecedentes suficientes que demuestran que es posible deshacerse de dichos contratos leoninos.

Cinco razones por las que Yolanda Tellería debe quitar los parquímetros de Pachuca

Por Emmanuel Ameth (@1ameth1)

A pesar de la molestia ciudadana y aún faltando a una promesa de campaña en la que empeñó su palabra, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, se dice ‘atada de manos’ para quitar los parquímetros instalados por la administración anterior; lo cierto es que ya sea por su incompetencia -y la de sus colaboradores-, o por un mero conflicto de interés, los vínculos con la empresa ComuniPark no han querido ser rotos a pesar de contar tanto con la razón jurídica como con antecedentes suficientes que demuestran que es posible deshacerse, con voluntad política, de dichos contratos leoninos.

1. PORQUE LOS CONTRATOS DE PARQUÍMETROS SÍ PUEDEN SER DISUELTOS

La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, expropió parquímetros a Zeus Monitoreo Vial por causa de utilidad pública e inconformidad ciudadana en 2012. Raúl Arróniz de la Huerta es el dueño de dicha empresa y también lo es actualmente de ComuniPark, la que gestiona los parquímetros de la capital hidalguense mediante la marca MoviParq.

La entonces presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, Lorena Rodríguez Díaz, destacó que la empresa Zeus Monitoreo Vial, a pesar de contar también con ‘candados legales’ –como todos los contratos en general-, por ser irregular ante el SAT además de incumplir con diversos puntos del convenio celebrado.

Hasta aquí sabemos que los parquímetros pueden ser expropiados por causa de utilidad pública e inconformidad ciudadana además que, como mínimo, debe revisarse el convenio celebrado con lupa para rescindir del contrato encontrando algún incumplimiento en el convenio celebrado.

La empresa Parking Spot también perdió un litigio donde exigía 285 millones al Ayuntamiento de Cuautla. El ayuntamiento demostró que la operación de la empresa era irregular, y por tanto, el Tribunal de Justicia Administrativa les otorgó la razón, no estando obligados así a pagar indemnización económica alguna.

Cuando las empresas de parquímetros celebran contratos que rebasan el período de gobierno de quienes encabezan el ayuntamiento, también pueden ser rescindidos en tanto el Congreso del Estado sea solicitado para atraer el caso y deseche la concesión. El Ayuntamiento de Puebla ganó el litigio en mención en sólo seis meses y con ello logró no pagar la indemnización de 608 millones que exigía la empresa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desechar el recurso de revisión promovido por la empresa Parking Tech On Street contra el ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, donde exigía el pago mil 81 millones 587 mil pesos, por concepto de indemnización luego de siete años de controversia jurídica.

“De esta forma, las instancias judiciales promovidas por Parking Tech On Street, S.A de C.V. se resolvieron en sentido favorable a los intereses municipales, porque el Poder Judicial de la Federación determinó que la pretensión de pago de esta empresa por concepto de indemnización es improcedente”.

Con muchas muestras más a lo largo del territorio nacional, puede apreciarse que anular una concesión a parquímetros es un acto de voluntad política y de mera capacidad por parte de los ayuntamientos.

2. POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS OPERACIONES

La SCJN sentó un precedente desde 2013, donde se precisa que es inconstitucional que las empresas concesionarias de parquímetros coloquen inmovilizadores o retiren placas a vehículos cuando sus conductores excedan el tiempo permitido en una vialidad pública.

“Determinar una infracción, garantizar el cumplimiento de esa infracción, e imponer la sanción respectiva, corresponde exclusivamente a la autoridad y no puede ser concesionada. Lo que es concesionable es el servicio público que consiste en proporcionar un lugar de estacionamiento” dijo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto se violen los DDHH, la SCJN también es capaz de admitir controversias en contra de los parquímetros. Si es considerado un acto de abuso de poder por parte de las autoridades, también es inconstitucional su operación.

El mismo Art. 29 del Reglamento para el Control de Estacionamientos en las Vías Públicas señala que el inmovilizador será colocado por un agente de tránsito, pudiéndose auxiliar de un tercero solamente para su retiro. Sin embargo, en las calles de Pachuca, el inmovilizador es colocado y retirado por personal de la empresa ComuniPark, cuyo personal operativo lo resguarda en motos.

3.  PORQUE PACHUCA OSTENTA EL PEOR CONTRATO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL

De acuerdo con la publicación de la revista internacional Forbes, los parquímetros de Pachuca son el contrato más leonino con el ayuntamiento en todo el territorio nacional, toda vez que hasta el 90% de los ingresos obtenidos van a parar a la empresa, dejando una cantidad risible al ayuntamiento.

Llaman la atención contratos como el expedido en Pachuca, donde hasta el 90% de las ganancias va a parar a manos de particulares, si bien Lerdo, Ciudad Valles y Puebla manejan también condiciones similares. Y es que 4 de cada 5 contratos de concesión determinan un mayor usufructo para los operadores de los parquímetros que para los ayuntamientos”, se lee en la publicación.

4.  POR LOS SOBORNOS MILLONARIOS QUE OFRECEN A LOS ALCALDES

Si alguna vez se preguntó cuál era el interés de brindar tantos beneficios a las empresas que operan los parquímetros en diversas regiones del país, además de incrementar las arcas municipales mediante una recaudación que bien pudiera ser operada por los ayuntamientos, se debe a que las empresas ofrecen diezmo a funcionarios sin recibo de por medio.

La aseveración anterior publicada en un reportaje del portal noticioso blog.expediente.mx de Veracruz, revelaría que el exalcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez, recibiría entonces alrededor de 3.3 millones de pesos anuales en promedio (Ver punto 5), y sin contar aquel otro beneficio que les concedió mediante multas.

Y sí, la empresa que ofreció diezmos según la investigación anterior es Zeus Monitoreo Vial, que es hermana de ComuniPark al contar con el mismo dueño.

En el historial de Zeus Monitoreo Vial encontramos que negoció con el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (el mismo personaje que comenzó a expedir agua destilada en lugar de quimioterapias a los niños con cáncer) los contratos de parquímetros en diversos ayuntamientos.

Incluso llama la atención su gerente general, quien obedece al nombre de Marina Cantón Zetina quien podría tener parentesco con la familia que mereció el libro: La mafia Cantón Zetina: capos de papel

Por su parte la familia de Arróniz de la Huerta, dueños de ComuniPark, ha sido señalada por chantajes y extorsiones, como fuera publicado en una página de Tehuacán, Puebla. La familia ostenta al menos 4 diarios en Veracruz y uno más en Puebla.

Y es que pareciera que los parquímetros en general son manejados por mafiosos. Lo mismo son señalados de lavar dinero en el escándalo de los Panama Papers que por ostentar empleados posiblemente vinculados con el crimen organizado, cometiendo secuestros y homicidios.

5.  PORQUE ROBAN DINERO AL AYUNTAMIENTO Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL

Eleazar García Sánchez, exalcalde de Pachuca, no sólo concedió a la empresa Comunipark explotar los parquímetros durante 10 años con un contrato leonino donde cada bienio, la participación del ayuntamiento crecería apenas 5% sino que encima, autorizó entregarles otros 34.8 pesos por cada multa cobrada. Sólo por éste último concepto el ayuntamiento recibió, en 10 meses, un pago de 1 millón 431 mil pesos, de los cuales la empresa percibió 188 mil adicionales.

Así, solamente por concepto de parquímetros –no de multas- la empresa de Raúl Gil Arróniz de la Huerta,ComuniPark, obtuvo ganancias por 6 millones 979 mil pesos, mientras que la alcaldía tan sólo recibió 957 mil pesos.

Similar a un ejercicio realizado en Guadalajara, puede demostrarse el saqueo de los parquímetros hacia el ayuntamiento. Si la indemnización que pide ComuniPark es de 197 millones de pesos, significa que la empresa ha estado robando la mitad de los ingresos que corresponden al ayuntamiento contrastando los datos anteriores. Aquí las proyecciones al respecto:

Como puede apreciarse en la tabla anterior, para que la empresa exija un pago de 197 millones de pesos, los ingresos proyectados deben cuadrar con aquello que efectivamente percibirían del año 3 y hasta el ejercicio 10 de sus operaciones, a saber 33.4 millones anuales totales.

Así, con sus propios argumentos, estimamos en un ejercicio de matemática básica que el contrato firmado por García Sánchez estimaba ingresos de 253.8 millones durante la vigencia del mismo para la empresa, en tanto que el ayuntamiento percibiría tan sólo 80.1 millones.

Así, además de señalar que el ayuntamiento firmó un muy mal negocio para las arcas municipales donde tan sólo percibiría una tercera parte de los ingresos que la empresa concesionada, además del porcentaje en multas que posteriormente se reveló, puede notarse que al Ayuntamiento de Pachuca entregarán poco más de la mitad de lo convenido –observando lo efectivamente percibido-, lo que supone un robo al erario por parte de particulares.

Bajo este esquema podemos entender el por qué Eleazar García Sánchez entregaría un contrato bajo tales características, pues teniendo en cuenta los diezmos abordados en puntos anteriores, le supone un ingreso, sin recibo alguno de por medio y a título personal, de 3.3 millones de pesos anuales.

La negativa de Yolanda Tellería para remover los parquímetros podría darse, entonces, por una incompetencia risible por parte de ella y su equipo, o bien, por una culposa complicidad hacia quienes le habrían ofrecido beneficios similares a los de su predecesor.

LAS TRAMPAS DE SU MODUS OPERANDI

Si Usted ha sido víctima de una inmovilización, es muy probable que la autoridad competente haya actuado de manera deliberada para sancionarle pues como se confirmó en una investigación de campo, tanto los agentes como los empleados de la empresa, se encuentran coludidos en cuanto a cubrir su cuota de multas e infracciones más allá de velar por el interés ciudadano.

Carrera contra el tiempo

Una de ellas es que, sin razón alguna, los parquímetros dejan de funcionar cuando hay empleados de Moviparq allí –pues posteriormente se encontró en operación-, estando el ciudadano obligado a ir a la máquina más cercana. Se constató que en la calle de Cuauhtémoc, al estacionar el automóvil e ir al parquímetro más cercano, éste no funcionaba. Al haber un empleado de la empresa Moviparq en el mismo, se le notificó la situación para que señalase la localización del aparato más cercano, precisando la existencia de uno una cuadra atrás.

Al doblar por la esquina y no encontrarlo, se regresó al vehículo, razón por la que se sorprendió al empleado enviando mensajes por el celular, por un motivo aparentemente sin relación con el asunto. Posteriormente, al ingresar al vehículo, un agente del ayuntamiento ya se había apersonado al lugar para señalar que no se había realizado el pago del cajón correspondiente. Al exponer la situación y ante la pantomimia del empleado, decide retirarse. No se llevaban ni dos minutos de haberse estacionado (ojalá así de expedita fuera su respuesta ante los hechos delictivos).

La trampa del auto mal estacionado

En la imagen se aprecia cómo una vez que el conductor cae en la trampa de los autos mal estacionados, éstos proceden a remover sus unidades a otro sitio, esperando a una nueva víctima.

Se aprecia un cajón para estacionarse en avenida céntrica donde hay espacio para estacionar un automóvil. Lo que no se observa, es que tanto el vehículo de adelante como el de atrás -uno de ellos es más ‘largo’- se encuentran estacionados de tal suerte que si un automovilista desprevenido toma el lugar, está obligado a invadir, por centímetros, el cajón adyacente.

En esta modalidad quien observa la maniobra a la distancia puede apreciar que una vez que el conductor se aleja, uno de los autos puede o no ser retirado –con la intención de que sea notoria la invasión de cajón- en tanto que el vehículo de grandes dimensiones permanece en el lugar, éste sí invadiendo un cajón, pero sin ser sancionado para la sorpresa del conductor incauto-.

Nótese cómo la unidad mal estacionada invade un cajón y obliga a que el conductor que llega, invada el de atrás; al menos se observó a dos conductores sancionados por estacionarse frente a la camioneta –que en ocasiones era una de publicidad- sin que ésta recibiera multa alguna, presuntamente coludida con los agentes.

Si bien las referidas son trampas que pudieron apreciarse en campo, no son limitativas a éstas, y cuentan con variantes que tienen el mismo objetivo: cubrir la cuota de multas.

RAZÓN EXTRA: POR LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS DE YOLI TELLERÍA EN GENERAL

Como se desprende del contrato LO-813048990-E23-2016 y que corresponde a aquel donde mayor monto asignado se dio a una sola empresa, Yolanda Tellería otorgó 10 millones 414 mil 603.51 pesos a Constructora Rafega SA de CV, donde se aprecia que el representante legal de la misma ni siquiera se presentó a la Junta de Aclaraciones correspondiente de la licitación y aún así resultó ganador…

Más preocupante aún es que Virginia Mejía Briseño ha sido beneficiaria de dos contratos que suman casi dos millones de pesos entre ambos. Si bien es una operación que puede parecer ‘normal’, incluso tratándose de una PFAE, destaca que la misma fue presidenta municipal de Mineral del Chico.

Y es que según versiones periodísticas, cuando la misma era alcaldesa, así como Omar faya lo era de Pachuca de Soto en el año 2009, junto con los ediles de La Reforma, Mineral del Monte,  Zempoala, Zapotlán y San Agustín Tlaxiaca, sostuvieron reuniones en las que analizaron e impulsaron el lenocinio mediante una zona de tolerancia para la explotación sexual de las mujeres.  La Reforma y Pachuca (además de estar integrados anteriormente por Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca), comprenden el sexto distrito electoral, mismo donde en ese mismo año referido, Daniel Ludlow Kuri, actual esposo de la alcaldesa Yolanda Tellería, fue diputado Federal y presuntamente coordinaba desde su puesto la instalación de dicha zona.

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