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Este viernes el gobierno del estado de Puebla amonestó al secretario Facundo Rosas Rosas y realizó un evento para dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre, según se informó a través de un comunicado, ya que no hubo una convocatoria para el acto.
La administración estatal indicó que ya creó la Fiscalía especial de investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, y como titular de dicha fiscalía se nombró a José Antonio Pérez Bravo, lo cual sucedió el pasado 12 de septiembre.
El boletín oficial señala que ya se brindó “capacitación en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública”.
Retienen a Facundo en la SSP
Asimismo refiere que la Secretaría de la Contraloría inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los servidores públicos responsables, aunque no se citan sus nombres ni cargos.
Tan sólo se expone que con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, con una amonestación y una multa, la cual no se especifica.
Por otra parte, esta misma dependencia determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Ramos Flores y para dos mandos operativos, aunque desde mediados de septiembre la funcionaria ya había abandonado el cargo.
Asimismo, se informó de la destitución e inhabilitación hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, identificados como responsables en el operativo del 9 de julio, los cuales tampoco son ubicados por nombres y cargos.
En el comunicado se indica que la Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa y ejercitó acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes fueron puestos a disposición del mismo juez.
Cabe señalar que la tarde del viernes fueron detenidos mandos medios que presuntamente participaron en el operativo de desalojo en Chalchihuapan, entre los que se encuentra Juan Máximo Jiménez y/o Juan Máximo Flores Moreno, coordinador de la IV Región, ubicada en el Centro de Coordinación Regional (Cecore) de Zacatepec.
Además la madrugada de este sábado policías ministeriales aseguraron a Florentino Tamayo Ponce, de 34 años; Raúl Contreras Montes, de 36 años; Vicente Juárez García, de 33 años; Álvaro García Xelhua, y Fausto Montes, ambos con 29 años, todos vecinos de San Bernardino Chalchihuapan.
Además se indica que José Montiel Rodríguez, consejero jurídico del Ejecutivo del estado, fue quien ofreció una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos, aunque no se informó sobre el lugar y la fecha en que ello ocurrió.
El mismo funcionario habría anunciado la creación de un Fideicomiso Público para la reparación del daño e “indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, quienes podrán acudir, si así lo desean, a la Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para iniciar el procedimiento correspondiente”.
Es importante señalar que fue el 11 de septiembre cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 11 recomendaciones dirigidas al gobernador Rafael Moreno Valle, a fin de atender el desalojo violento del caso Chalchihuapan, donde la policías estatal desalojó con violencia a pobladores de la autopista a Atlixco y lesionó a José Luis Tehuatlie, de 13 años de edad, quien 10 días después falleció en un hospital.
