Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- De nueva cuenta, el gobernador Rafael Moreno Valle es acusado de aplicar la llamada ley bala, esta vez en contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que bloquearon la carretera federal y la autopista Puebla-Atlixco para exigir que se regrese a la comunidad los servicios del Registro Civil.
Luego de tres horas del bloqueo carretero, decenas de policías acudieron al lugar, localizado a la altura del kilómetro 16, para someter a los inconformes con gases lacrimógenos, pero éstos respondieron con piedras y palos, con lo que se desató una batalla campal que dio como resultado cuatro uniformados y decenas de manifestantes heridos.
En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que uno de los policías estatales preventivos se reporta como grave.
Además, confirmó que cuatro de los participantes en el bloqueo fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Publico.
Luego de justificar que el operativo tuvo como fin liberar las vías de comunicación bloqueadas, la SSP aseguró que los pobladores respondieron con violencia.
“Durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron lanzando diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos en contra de los uniformados y de pobladores que caminaban por la zona”, asegura el boletín.
Sin embargo, participantes en la protesta explicaron que tomaron la decisión de bloquear la carretera, luego de que acudieron a la delegación de la Secretaría de Gobierno para exponer su demanda y fueron atendidos “en la banqueta”.
Los inconformes, agrupados en la Coordinación Estatal por la Identidad de los Pueblos (Cedip), protestaron por la reciente determinación tomada por el gobierno de Moreno Valle de retirar a las juntas auxiliares el manejo de las oficinas de Registro Civil.
Además, exigieron la liberación de Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; de Luis Enrique Rivera Ramos, presidente auxiliar de San Pedro Acoquiaco, y de otros seis detenidos durante otras dos manifestaciones anteriores contra la medida de quitar a las juntas auxiliares el Registro Civil.
También se sumaron a la demanda del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra para pedir la excarcelación de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, presos desde hace tres meses por oponerse al Gasoducto Morelos.
Al mismo tiempo, otros habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa hicieron un plantón frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, y en el palacio municipal de Puebla.
Enarbolando las mismas exigencias, vecinos de las juntas auxiliares de Cholula y San Nicolás de los Ranchos bloquearon la circulación de vehículos en el bulevar Forjadores.
Las manifestaciones de los habitantes de las juntas auxiliares también ocurrieron en el municipio de Tehuacán.
De hecho, en ese municipio la semana pasada se recurrió al uso de la fuerza policiaca para desalojar a habitantes que también pedían que los servicios del Registro Civil retornaran a las juntas auxiliares.
Los elementos policiacos, igual que con los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, sin recurrir a las etapas previas de disuasión y negociación, llegaron directamente a confrontar a los manifestantes con toletes y gases lacrimógenos.
En esa ocasión, los uniformados detuvieron a seis personas, que actualmente siguen presas y a quienes se les fijaron fianzas de 230 mil a 400 mil pesos.
La llamada ley bala, aprobada en mayo, ha sido considera por agrupaciones no gubernamentales como un instrumento para reprimir e inhibir las manifestaciones sociales y el derecho a la protesta.
En sus artículos quedan asentados los protocolos para que los elementos policiacos puedan recurrir al uso de la fuerza, incluso letal, para dispersar manifestaciones sociales.
La inconformidad de los habitantes, encabezada por los ediles de las juntas auxiliares, deriva de cambios legislativos que aprobó el Congreso local de los artículos 224, 230 y 231 del Código Municipal.
