Aprueban «blindar» a funcionarios de alto nivel con seguros pagados del erario en caso de querellas y sanciones en su contra

Claudia Salazar y José David Estrada
Reforma

Cd. de México (26 julio 2014).- Los funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía, que participen en la redacción de los contratos de explotación de hidrocarburos y en la decisión de a quién se adjudican, estarán protegidos con seguros y fianzas en caso de que haya investigaciones y sanciones por su actuación.

En el artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se establece que los servidores públicos de Hacienda responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales contarán con seguros, finanzas o cauciones, «que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones».

O bien, se indica en dicho artículo, tendrán seguros para asumir los servicios de «defensa y asistencia legal de dichos servidores públicos».

Igualmente, el artículo protege a los servidores públicos de la Secretaría de Energía que participen en la adjudicación de las asignaciones a Pemex o en el diseño técnico de los contratos a la iniciativa privada, así como en los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos.

«Dichos seguros, fianzas o cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos mencionados», se agrega.

Además, el artículo 25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo contiene también excepciones de responsabilidad para los integrantes del Comité Técnico de este órgano, respecto a las decisiones que tomen en la administración de los recursos petroleros.

Esta medida protege a los secretarios de Hacienda y de Energía, y al Gobernador del Banco de México, y cuatro miembros independientes que propondrá el Ejecutivo al Senado y que deberán ser ratificados con voto de las dos terceras partes.

Se indica que estos funcionarios no serán responsables por daños y perjuicios cuando actúen conforme a sus facultades, tomen decisiones con información disponible al momento de sus decisiones o hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su «leal saber y entender» y si los efectos patrimoniales negativos «no hayan sido previsibles», en ambos casos con base en la información disponible al momento de la decisión.

«En los procedimientos de responsabilidad que, en su caso, se lleven a cabo en contra de miembros del Comité, será necesario que se acredite el dolo o mala fe con que se condujeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda», se precisa en el dictamen aprobado en lo general en las comisiones de Hacienda y Energía.

Tales medidas de protección se suman a las disposiciones que se prevén en los dictámenes de las leyes de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en las que se permite a sus funcionarios librar procesos sancionatorios por decisiones u omisiones que causen daños o perjuicios.

También concede el «perdón» a los funcionarios por parte de la llamada Unidad de Responsabilidades, única facultada para recibir quejas e imponer sanciones administrativas.

En la Ley de Pemex se precisa que el personal de ésta y de sus empresas productivas subsidiarias no incurre en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasione a las mismas si actúa «de buena fe» y selecciona «la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender».

También libra el castigo si su decisión causa un daño a la compañía, pero los efectos patrimoniales negativos no habían sido previsibles con base en la información disponible al momento.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, alertó que se incorporaron cláusulas de impunidad que generarán más corrupción en el sector energético.

«Estos señores van a fincar el destino de miles y miles de millones de dólares y en este artículo 25 en la la Ley del Fondo del Petróleo se les está dejando prácticamente en la irresponsabilidad y si sumamos el artículo 63 de la Ley de Ingresos, que es una cláusula de impunidad para los servidores públicos.

«Además está lo que dice la Ley de Petróleos Mexicanos y de la CFE que no son responsables si cometen una vez al año sus latrocinios, estamos armando un traje a la medida de la impunidad. Por eso decimos que la reforma energética se puede resumir en dos palabras: más corrupción», reclamó en la reunión de comisiones.

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