Avala «Congreso» panista de Puebla iniciativa de Rafael Moreno Valle para usar la fuerza pública contra protestas

Francisco Rivas/ Corresponsal
Reforma

Puebla, México (19 mayo 2014).- El Congreso de Puebla aprobó hoy por mayoría la Ley para Proteger los Derechos Humanos y del Uso Legítimo de la Fuerza.

El dictamen, a partir de la iniciativa del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, establece que la autoridad puede recurrir al empleo de elementos policiacos para enfrentar manifestaciones públicas, desastres naturales o mandamientos judiciales.

Causó controversia que ahora sea legal el uso de fuerza en protestas de la sociedad, sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Francisco Rodríguez Álvarez, aseguró que con la ley se tipifican las manifestaciones como violentas y no violentas.

El legislador negó que sea un intento para regular la represión a manifestaciones contra la autoridad.

Al contrario, afirmó, esto sirve para salvaguardar las garantías de manifestantes frente a una acción policial.

El uso de la fuerza quedó identificado en diferentes niveles que empiezan con la disuasión, pasa al sometimiento, para después, en caso necesario, recurrir a «armas incapacitantes» y finalmente al uso de armas de fuego.

En el caso de las manifestaciones, se establece que queda prohibido el uso de armas de fuego salvo, prevé un apartado, cuando se ponga en riesgo la vida de los propios elementos policíacos o de terceros.

Rodríguez aseguró que escucharon a organizaciones sociales para dictaminar la ley.

«Sí se recibieron aportaciones en los trabajos de la Comisión», afirmó, aunque no pudo identificar con qué grupos sociales se entrevistaron.

La iniciativa se recibió, analizó, dictaminó y aprobó en el Pleno en cuatro días.

El diputado Sergio Céspedes advirtió que el apoyo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), a la propuesta no es una licencia para limitar el derecho a la libertad de manifestación.

Mientras el diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar, reprobó el dictamen, aseguró que su aplicación se ve discrecional y que tiende a criminalizar la protesta social.

Los votos en contra fueron dos del Partido del Trabajo (PT), dos más de Movimiento Ciudadano y uno del Verde Ecologista de México (PVEM).

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