Enrique Méndez
La Jornada
Las comisiones de Hacienda y Energía de la Cámara de Diputados confirmaron la disposición que permite pagar a las empresas privadas, en los contratos de producción compartida, una contraprestación “en especie”, y autorizaron que la Secretaría de Hacienda defina toda la política de ingresos petroleros, su destino, así como la negociación de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos.
En el dictamen que avala la ley de ingresos sobre hidrocarburos y la ley mexicana del petróleo, y que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, las comisiones incrementaron las cargas tributarias para Petróleos Mexicanos (Pemex), que ya como “empresa productiva” deberá pagar además el impuesto sobre la renta (ISR), así como “un dividendo estatal”, equivalente a 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos, además de los derechos que deberá enterar a la Tesorería por sus actividades.
En contraste, se generó un esquema tributario para las empresas privadas, que les permitirá hacer deducciones específicas y llevar a cabo sus actividades en el régimen de tasa cero del IVA.
Nuevo gravamen
A las empresas privadas, que podrán actuar en consorcios para obtener varios campos de exploración y explotación al mismo tiempo, también se les concede impugnar el contenido de los contratos, a pesar de que la propuesta original definía que las decisiones del fondo mexicano del petróleo y la Secretaría de Hacienda no son actos de autoridad y por tanto no procedería recurso administrativo o judicial alguno.
Las comisiones incluyeron un nuevo “impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos”, que consistirá en el pago de mil 500 pesos por kilómetro cuadrado que comprenda el área contractual, durante la fase de exploración, y de 6 mil pesos en la de extracción.
La Comisión de Hacienda avaló el dictamen con 22 votos en favor, de PRI, PAN y sus aliados del PVEM y Panal, y nueve en contra, de PRD, PT y Movimiento Ciudadano; mientras la de Energía lo hizo con 18 votos en favor y cinco en contra de las mismas bancadas.
Durante la discusión del documento, legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano insistieron en que al no definirse un pago mínimo por parte de las empresas al Estado, no se garantiza la renta petrolera y, en cambio, ésta se comparte a través de las diferentes modalidades de contratos, especialmente el de producción compartida, que permite el pago “en especie” a los consorcios, es decir, con petróleo crudo.
La diputada Aleida Alavez (PRD) señaló que el fondo mexicano del petróleo no tiene como prioridad el ahorro de largo plazo, “sino garantizar el pago de los contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría”.
En contraste, el diputado Adolfo Bonilla (PRI) afirmó que el fondo tiene como objeto aclarar la ruta de los ingresos petroleros y sostuvo que la transparencia de su uso se garantiza a través de un comité técnico.
Sin embargo, el diputado Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, denunció que todas las acciones de los integrantes del comité técnico del fondo, así como de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que causen algún perjuicio, quedarán cubiertas con la redacción del artículo 63 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, debido a la cobertura que agregaron PRI y PAN al texto propuesto por el Ejecutivo.
Dicho artículo define que los funcionarios contarán “con seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para asumir servicios de defensa y asistencia legal”. Se trata de una cláusula de impunidad, dijo el legislador.
Entre los beneficios sumados por PRI y PAN en el dictamen, se incluyó que los contratistas “podrán aprovechar los productos y sustancias distintos de los hidrocarburos que se generen en exploración y explotación, siempre y cuando no se requiera concesión para su explotación o aprovechamiento”.
Este aprovechamiento tiene como finalidad compensar el periodo entre la fase de exploración y explotación y el inicio de la producción.
Aun cuando en algunas fases de la asignación de contratos y la recepción de los pagos de los contratistas se incluyó al fondo mexicano del petróleo, Hacienda domina en el sector.
Por ejemplo, funcionarios de Hacienda podrán hacer “visitas de campo” a los yacimientos, y la dependencia controlará la base de datos que le entregue Pemex respecto de los proyectos de exploración y extracción, reservas y producción de petróleo, gas natural y condensados; factores de recuperación, interpretación sísmica, número y técnicas de pozos petroleros, entre otros.
