El procurador Jesús Murillo Karam ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones abundan: ¿por qué se minimiza la participación de actores estatales?, ¿por qué el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría?, ¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.
Patricia Dávila
Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Entre contradicciones y lagunas, y bajo la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a dar a conocer los avances de sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasados: “Están muertos, pero para el gobierno federal legalmente siguen desaparecidos”.
En una conferencia de prensa realizada el viernes 7, el procurador Jesús Murillo Karam dio detalles de la forma en que presuntamente ocurrieron las ejecuciones, basado en los testimonios de tres de los supuestos autores materiales del multihomicidio.
En líneas generales, el procurador confirmó la versión que el sacerdote Alejandro Solalinde dio en una entrevista publicada el 19 de octubre en Proceso (edición 1981). Aquella ocasión, el religioso reveló confesiones de hombres que participaron en la detención de los normalistas: “Hablan de que algunos (de los estudiantes) estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos estaban vivos, otros muertos”.
El procurador –a pesar de tener 74 detenidos, entre agentes, halcones y al exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda– esperó 20 días para dar la misma versión.
Ello reforzó el señalamiento que hizo el propio Solalinde: “A los políticos les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”.
La versión oficial difundida el viernes 7 enojó a organismos de derechos humanos, que sostienen que se trató de un crimen de Estado porque autoridades de diversas instituciones y niveles atacaron concertadamente a los estudiantes. En un comunicado emitido horas después de la rueda de prensa, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reclamó que el Estado eluda el hecho de que los responsables de la desaparición fueron policías municipales de Iguala y Cocula.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
