Diversos “medios” han lanzado, por enésima vez, una campaña de linchamiento dentro y fuera de las redes sociales contra Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste confesara, desmintiendo a su propio “secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, que personalmente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, durante un fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre del año pasado.
Sin embargo, la evidente protección institucional desde el “Estado” a prominentes miembros del crimen organizado, con especial predilección por el Cártel de Sinaloa en años recientes, no es privativa de este sexenio. Los regímenes usurpadores anteriores también fueron descarados en su consigna de proteger a narcotraficantes, pero esa misma “prensa” que hoy exige cárcel para López Obrador, no dice ni dijo absolutamente nada sobre sus criminales antecesores.
Sobra recordar que Felipe Calderón encarna como ninguno esa protección del “Estado” a los cárteles. Obviamente no se robó la presidencia para servir al pueblo de México. Además de privilegiar los intereses de las trasnacionales que lo impusieron, su consigna fue perfectamente clara desde el inicio de su espuriato: servir al Cártel de Sinaloa, colaborar en la guerra contra sus enemigos –cuyas consecuencias aún seguimos padeciendo los mexicanos– y facilitar el trasiego de armas y drogas en la frontera y resto del territorio nacional.
De todo ello hay testimonios en abundancia, pero citemos uno de los más importantes, el de Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de Defensa durante el desgobierno de Vicente Fox Quesada. El retirado General de División reapareció en la tercera parte del documental Guerra Híbrida, producido por el periodista Daniel Marmolejo, para ratificar que la estrategia calderonista de “seguridad” consistió en aliarse con el Cártel del Pacífico [Sinaloa]. En 2007, narra el general, denunció frente a Calderón al entonces “secretario de Seguridad Pública”, Genaro García Luna, por sus nexos con la delincuencia organizada. ¿La respuesta del usurpador? “Retirar por edad” al general brigadier, hostigarlo durante cuatro años y posteriormente encarcelarlo bajo acusaciones fabricadas –echadas abajo por su evidente falsedad– de trabajar para el Cártel de los Beltrán Leyva.
La protección a García Luna no es la única evidencia de la complicidad manifiesta de Calderón con el narco. Mientras se jactaba en medios –los mismos que hoy lo siguen promocionando– de “combatir a la delincuencia como nadie lo había hecho”, encabezaba personalmente reuniones con altos capos de la droga. Así lo denunció en 2012 el jefe de sicarios de los Beltrán Leyva, Édgar «La Barbie» Valdez Villarreral, quien hoy sabemos, fungió como informante secreto de la DEA y el FBI de 2008 a 2010, y cuyo testimonio es considerado veraz por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aún hay más: el régimen usurpador de Calderón, a través del corruptazo Poder Judicial –se engaña quien siga creyendo que hay “autonomía” entre los tres poderes–, liberó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias «El Chapito», hijo mayor del Chapo Guzmán, a quien Fox y Calderón protegieron descaradamente. Sobre esta liberación, los ruidosos “opinólogos” de El Universal, Reforma, Milenio y otros pasquines, no se pronunciaron con la rabia que hoy vomitan contra López Obrador por el tema de Ovidio Guzmán Salazar. El portal La Silla Rota, inclusive, nombra ahora a Ovidio como «El Chapito» pese a que dicho apelativo se designó originalmente para identificar a Iván Archivaldo, libre gracias a la mano aleve de Calderón.
Con todo, cabe recordar que ni el Chapo ni sus hijos son los «mandamás» del Cártel de Sinaloa. Varios periodistas, entre quienes destaca Anabel Hernández, han denunciado desde hace años que la imagen del Chapo se infló desproporcionadamente en medios durante más de una década para encubrir al verdadero líder de esa próspera organización criminal, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”. Esta circunstancia fue aprovechada por el asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, para hacer coincidir su grotesca y onerosa campaña de legitimación en medios, coronada por aquel famoso “Saving México” de la revista Time, con la detención de Guzmán Loera en 2014.
No obstante, siguiendo la línea de sus criminales antecesores, Peña mantuvo intocado al Mayo y a sus principales operadores, incluyendo a los hijos del Chapo, consolidando el poderío del Cártel de Sinaloa frente a sus adversarios. ¡Cómo no habría de servir a sus benefactores! Y si la liberación de Ovidio escandaliza hoy a los “medios”, mayor debió ser su estupor cuando el régimen peñista dispuso del Ejército, la Marina y la Policía Federal –recursos públicos en abundancia– para rescatar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos del Chapo, secuestrado en agosto de 2016 por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nada, no hubo escándalo ni linchamiento en medios contra Peña. Alfredo Guzmán fue liberado días después, sano y salvo, y sigue libre.
¿Falacia tu quoque? ¿“Mal de muchos”? No. Esto no es un defensa a López Obrador. Sus miles de seguidores deberían ser los primeros en alzarse para exigir enérgicamente que su líder rinda cuentas por la liberación de Ovidio, las mentiras de su secretario Alfonso Durazo y un sinfín de escándalos más en el actual sexenio. Aquí estamos denunciando no sólo la existencia del narco-estado que se sirve de los “políticos”, cualesquiera que sean los colores –que no “ideologías”– de sus partidos, sino también la doble moral de la prensa falsaria, corrupta, vendida y tan criminal como esos delincuentes a los que encubre y promociona mientras lincha a otros que no le son tan afines. Su poder de manipulación sigue siendo enorme y no vamos dejar de exhibirlos en este humilde espacio, pequeño e insignificante comparado con su corruptísimo poder, pero que no deja de resultarles incómodo y al que no paran de censurar a toda costa. Farsantes, mercenarios arrastraplumas… ¡DELINCUENTES!
