La respuesta es obvia: porque son SIMULADORES. Repetimos: mientras no saquemos a Peña de Los Pinos y lo encerremos junto a toda la caterva de criminales que usurpan el poder en este país, no se sabrá qué pasó y donde están los 43 normalistas.
Por Redacción
(Newsweek en Español)
La cínica respuesta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, hace dos años, ilustra el «enfoque imprudente» que el gobierno de México ha mantenido durante el actual sexenio en materia de derechos humanos, ha señalado Amnistía Internacional este miércoles en un comunicado.
«La tragedia Ayotzinapa ha puesto de manifiesto que la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá para encubrir violaciónes de derechos humanos que ocurren en México», dijo Erika Guevara-Rosas, director para las Américas de Amnistía Internacional.
«Desde no haber detenido el ataque contra los estudiantes, haber hecho todo lo posible para denostar los esfuerzos internacionales para descubrir la verdad, hasta desentenderse de las quejas por la manera irregular en que la investigación ha sido llevada cabo, las autoridades de México han hecho todo lo posible para obstruir la justicia y proteger su imagen», expresa el comunicado.
Los 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por la fuerza en la noche del 26 de septiembre 2014 después de que fueron detenidos por la policía municipal de Iguala mientras se preparan para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar el masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Desde entonces, los restos de uno solo de los estudiantes, de 19 años de edad, Alexander Mora Venancio, se ha identificado. La suerte y el paradero de los otros 42 siguen siendo desconocidos.
Las autoridades mexicanas han afirmado que los estudiantes fueron secuestrados por una banda de delincuentes locales, sus restos quemados y arrojados en un basurero local, versión que ya ha sido desmentida por el grupo de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Tras un año de investigaciones independientes a la Procuraduría General de la República (PGR), el GIEI concluyó que era científicamente imposible para ese número de cuerpos que han sido quemadas en un contenedor de basura en las condiciones anunciadas por las autoridades; conclusión que se comparte por otros expertos que han tenido acceso al caso.