Martín Hernández Alcántara
La Jornada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) equiparó la represión que sufrieron habitantes de San Bernardino Chalchihuapan por parte del gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas con la matanza de civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, advirtió que los tres casos son síntomas de la descomposición que hay en el país:
“Un contexto de grave crisis de lo que está pasando y es lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla. Lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes, esa es una de las señales que preocupa”, advirtió el defensor de derechos humanos, durante las audiencias de la CIDH que se celebran en Washington.
La represión al pueblo de Chalchihuapan por parte del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, fue presentada el pasado jueves por el Frente para la Libertad de Expresión como un caso destacado de criminalización de la pobreza, ante la CIDH.
El caso de San Bernardino formó parte de una serie –como las represiones en el Distrito Federal a manifestantes durante la asunción de Enrique Peña Nieto en 2012 y las marchas del 2 de octubre del año pasado– que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Artículo 19, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, amén de Fundar México, presentaron en la sede del organismo en Washington.
A la audiencia, en la que estuvo presente Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, acudió José Montiel Rodríguez, como representante jurídico de la administración que dirige el panista, Rafael Moreno Valle Rosas.
En una entrevista telefónica el jueves por la noche por la noche, Sebastián Aguirre, del Programa de Protección y Libertad de Expresión de Artículo 19 precisó que no se inició una causa ante la CIDH, porque por procedimiento jurídico el caso Chalchihuapan debe agotarse en todas las instancias legales mexicanas antes de que el organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos pueda intervenir.
No obstante, recalcó que lo sucedido en esa junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan el pasado 9 de julio se presentó como un ejemplo “destacado” de la aplicación de normativas que criminalizan la protesta social en México, en vez de regular el uso de la fuerza por parte del Estado.
