Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instruyó al Estado mexicano a tomar “acciones inmediatas” para localizar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras ataques armados en Iguala, Guerrero.
Al emitir medidas cautelares a favor de los jóvenes desaparecidos, la CIDH dio un plazo de 10 días para que el Estado responda sobre las medidas tomadas para “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”, según la resolución MC409-14, firmada por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
El organismo interamericano también exigió a los tres órdenes de gobierno que “adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos”, así como una investigación a fondo de los hechos.
La solicitud de intervención de la CIDH fue formulada por los Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, La Red Guerrerenses de organismo Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el pasado 30 de septiembre.
En un comunicado, las tres organizaciones advirtieron que la resolución fue adoptada “a la luz de graves hechos de violaciones a derechos humanos cometidas la semana pasada en Iguala, mismos que, en palabras de la CIDH colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen ‘la máxima situación de irreparabilidad’ al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la integridad física”.
Resaltaron que con las medidas cautelares el Estado mexicano “se obliga a invertir todos sus esfuerzos con base a sus capacidades técnicas y periciales, en búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos asegurando que sus acciones no sean infructuosas o de antemano no estén destinadas a su fracaso como ha sucedido hasta el día de hoy”.
ONU demanda investigación
En tanto, la ONU se sumó a la condena internacional e informó que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documenta el caso, que “ha desplegado a personal en el terreno y ha tenido contacto directo con víctimas, sus familiares, autoridades locales y estatales, el organismo público local de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”.
La extrema gravedad de los hechos –agregó–, ligada a la desaparición de tantas personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible su paradero”, indicó la ONU en un comunicado.
La representación internacional urgió al Estado mexicano a realizar “una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas”, así como investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Demandó a las autoridades “a investigar con pleno respeto al debido proceso las conductas perpetradas y sancione a todos los autores de lo sucedido y del deterioro manifiesto del estado de derecho. El Estado mexicano debe adoptar igualmente, todas las medidas idóneas para garantizar que los hechos violatorios da derechos humanos como los registrados no vuelvan a suceder”.
