REFORMA / Redacción
Cd. de México, México (05 enero 2015).- El Peña Nieto cerró 2014 con una campaña millonaria en medios de comunicación.
En las últimas semanas del año, el Peña gastó cerca de mil millones de pesos para promocionar obras, reformas y campañas de salud bajo el lema «Mover a México».
Expertos opinan que el Gobierno federal intenta controlar así a los medios ante la mala imagen generada por el tema Ayotzinapa, los casos de corrupción y la baja aprobación al «trabajo» del sujeto.
Agencias de publicidad reportaron que, para el cierre de año, el Ejecutivo destinó unos 450 millones de pesos a publicidad en TV, 175 millones en periódicos nacionales entre ellos, la Organización Editorial Mexicana, Excélsior y El Universal y otros 100 millones en radio.
El resto fue a internet y diarios de la provincia.
El senador del PAN Javier Corral advirtió en entrevista que la Administración de Peña ha puesto en marcha una estrategia de control y censura de medios con cargo a los recursos de todos los mexicanos.
«Hay una operación de control mediático impresionante. Los temas se sofocan o desaparecen de los medios, y el de la ‘Casa Blanca’, si no fuera por el exterior y algunos medios que lo reprodujeron, estaría prácticamente enterrado.
«Incluso existe una especie de juego o estrategia sobre los términos de pago de los convenios de publicidad y cómo castiga en algunas épocas el pago y cómo en algunas otras épocas lo agiliza», afirmó.
Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, acusó el control del Gobierno vía la asignación de propaganda.
«La discrecionalidad y la falta de regulación de miles de millones (de pesos) de la sociedad, de dinero público que gasta el Gobierno o los gobiernos hacia medios de comunicación, es una censura sutil.
«Se usa este dinero como premio o castigo a líneas editoriales», indicó.
Directores de periódicos de la Asociación de Editores de los Estados han señalado que la campaña es decir, la inyección de recursos federales ha sido dirigida para controlar a los medios afines al Gobierno federal y golpear a aquellos diarios con independencia editorial.
Representantes de empresas de publicidad confirmaron la campaña del Gobierno a través de la SCT y la calcularon en unos mil millones de pesos.
Al respecto, Rodolfo González Fernández, vocero de la SCT, negó que exista tal campaña.
«Házmela buena. Mi presupuesto está muy por debajo. ¿Mil millones de pesos?
«Ojalá tuviera esa lana. Compraba acciones de REFORMA y cambiaba la línea (editorial)», bromeó el funcionario.
En su columna Jaque Mate, Sergio Sarmiento advirtió sobre la publicidad recientemente contratada por el Gobierno.
«Supongo que ésta es una forma de inyectar dinero público a ciertos diarios, no a todos, en una semana en que la publicidad baja de forma muy importante», escribió.
‘Usan dinero de la sociedad para premiar líneas editoriales’
A través de la asignación de la propaganda oficial, que es dinero público, el Gobierno federal busca tener control de los medios de comunicación, señaló Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19.
El especialista hizo notar que hay muchos miles de millones de pesos de la sociedad, que gastan los gobiernos de manera discrecional y que se convierte en una forma de censura.
El director del capítulo mexicano de la organización internacional que defiende la libertad de expresión consideró que esa práctica afecta al periodismo y el derecho a la información.
«Es el elemento más tóxico y cancerígeno del periodismo mexicano.
«Es totalmente evidente el total despilfarro y el despojo que significa el gasto de ese dinero de esa manera. No es sólo que se gaste, sino cómo se gasta», dijo Ramírez, cuya organización tiene documentado el gasto diferenciado de los gobiernos a nivel estatal y federal.
Mencionó como ejemplo que aparte del rubro de propaganda gubernamental, la «Presidencia de la República» gastó 100 millones de pesos en «asesoría de imagen».
Consideró necesario acabar con esa discrecionalidad en el gasto de publicidad gubernamental y regularlo con criterios claros para todos, y recordó que en el Congreso de la Unión hay al menos 12 iniciativas sobre la materia que no han avanzado.
«Mientras no tengamos criterios objetivos, claros y le arrebatemos al Gobierno la capacidad de comprar estos espacios y comprar voluntades periodísticas, acomodar, me parece que es algo de lo que nunca vamos a salir», indicó.
Ramírez dijo que para cambiar esa situación se necesita un cambio en la cultura tanto del Gobierno como de los medios de comunicación que se benefician de ese sistema discrecional.
Las asignaciones deben basarse, agregó, en criterios transparentes como los tirajes o penetración de las publicaciones o emisoras.
Ana Cristina Ruelas, oficial del programa del Derecho a la Información de Artículo 19, señaló que en el área de la publicidad gubernamental hay gastos excesivos y destinos poco claros.
Hay un sobreejercicio permanente del gasto, señaló, y las partidas de donde sale el presupuesto extra no está claro.
«Hay un gasto indiscriminado, sin control y sin destino claros, que sirve para limitar la libertad de expresión y el flujo plural de información en prensa, radio y televisión», apuntó Ruelas, quien lleva el seguimiento de la información pública sobre el ejercicio del gasto oficial en publicidad y propaganda.
Tan sólo en 2014, documentó, se tiene una estimación de que el Gobierno federal gastaría alrededor de 5 mil millones de pesos en propaganda, y los gobiernos estatales alrededor de 7 mil millones de pesos.
«El diagnóstico documenta que 26 entidades gastaron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial en 2012.
«Lo que equivale a 20 veces el presupuesto federal ejercido de 2012 en salud para combatir la muerte materna (255 millones de pesos), o dos veces el presupuesto que los tres órdenes de Gobierno ejercieron en 2012 en la infraestructura de la educación media superior de todo el País (2 mil 54 millones de pesos).
«Sin embargo, de este monto millonario gastado por 26 entidades es imposible conocer el destino del 5 por ciento (que representa 2 mil 833 millones de pesos). Solamente 19 entidades entregaron información sobre el detalle del gasto y en muchos casos el monto es inconsistente con aquel que se reportó como total ejercido», indicó Ruelas.
Además, apuntó, hubo un sobreejercicio en la mayoría de los estados.
«El sobreejercicio del gasto de las entidades de las que se pudo obtener información ascienda al 72 por ciento», indicó la especialista.
Aclaró que se habla de «sobreejercicio» y no «sobrepresupuestación», por no tener claridad de las partidas de donde se harían las transferencias, o de dónde viene ese dinero.
‘Vemos el tufo de la censura’
En medio de la crisis de sangre y corrupción, la Administración federal pretende sepultar temas incómodos, advirtió el senador panista Javier Corral.
«Estamos ante el cumplimiento de aquella amenaza que todo vivimos venir con el regreso del PRI.
«En realidad lo que estamos presenciando es la respuesta la de una cultura autoritaria, de una clase política corrupta, enredada en negocios y en estas formas de hacerse de casas, por ejemplo.
«Estamos viendo el tufo de la censura por todos lados, la cooptación política de los opositores, el control de medios y la intimidación organismos empresariales. Regresan las auditorías como forma de intimidación a los ámbitos empresariales, a los disidentes», señaló.
El secretario de la Comisión de Radio y Televisión del Senado consideró que a partir de los hechos violentos registrados en Iguala, el Gobierno ha intentado realizar un control de daños, a través del control de los medios de comunicación.
«En el segundo semestre (de 2014), el Gobierno decide realizar una mayor inversión. Uno de los efectos más claros que tiene esta estrategia es la desaparición, prácticamente todos los medios de comunicación, de temas como el de la Casa Blanca. Lo mismo ocurre con el tema de Ayotzinapa y en el tema de la casa de Videgaray, prácticamente sólo está presente en dos medios», apuntó.
‘Controlan con el presupuesto’
A lo largo del tiempo persisten diferentes maneras de control de los medios, entre ellas, la de llamar desde la «Presidencia de la República» para cambiar una línea editorial, sostuvo Javier Esteinou, doctor en Sociología.
«Eso se ha reducido mucho, pero han surgido otros mecanismos más sutiles, (como el) control a partir del presupuesto estatal que se les da como financiamiento a través de spots, campañas, publicidad que el Estado les da a los medios que son beneficiarios para conservar la imagen que necesita el Gobierno.
«Otra forma es la autocensura y las políticas de información de los medios -especialmente de la televisión, después la radio y en último lugar la prensa-, que se aplican con tal de no estar en conflicto con las estructuras de poder y beneficiándose de los presupuestos que mencionaba», indicó.
El académico de la UAM -recién nombrado consejero ciudadano del Consejo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano- señaló que se puede considerar que la llamada «espiral de silencio» es otra forma de control.
Ésta consiste en dar ocasionalmente una nota importante en un medio de información y luego dejarla que pierda importancia al no darle continuidad, y con ello evitar entrar en conflicto con los intereses creados.
Consideró en ese sentido que sí hay una regresión en la materia en México, y que las expectativas que se generaron con las reformas en materia de telecomunicaciones, el Pacto por México y las campañas políticas, se desvanecieron con las leyes secundarias.
«Los grandes compromisos que se habían establecido por parte de este Gobierno en cuanto a impulsar otro modelo de medios de comunicación y que ya están incluidos en la Constitución, tuvieron una regresión muy importante en las leyes secundarias.
«Y lo que se observa es que los compromisos hechos durante el Pacto por México y las promesas presidenciales en la fase preelectoral, no se han cumplido», apuntó Esteinou, autor de una decena de libros, como «La ley Televisa y la lucha por el poder político en México».
