A la opinión pública.
Al pueblo de San Luis Potosí.
El pasado domingo 10 de agosto, un servidor Jorge Martín Schekaiban Sarquis me vi obligado por las circunstancias y el miedo a publicar una carta abierta para alertar a las autoridades de las amenazas de las que era víctima mi familia de ser desalojados ilegalmente mediante el uso de la fuerza por parte de la nefasta empresa Industrial Minera México que durante muchos años ha obtenido enormes ganancias dañando la salud de los potosinos.
Como hice del conocimiento de la sociedad potosina, mi familia ha mantenido desde hace más de 35 años la posesión pública, jurídica, legítima, material y pacífica de un predio rústico ubicado en el sureste del Arroyo de las Vírgenes en esta ciudad capital, dicho que se sustenta en escritura pública que cumple con todas las formalidades de ley. Pero de unos meses a la fecha la minera a través de sus empleados nos ha intimidado y amenazado con despojarnos violentamente de nuestra propiedad, lo que al final ocurrió el pasado lunes 4 de agosto cuando en punto de las 19 horas un grupo de 50 trabajadores de IMMSA, protegidos por policías ministeriales, se apersonaron en el sitio de nuestra propiedad para tomar posesión del predio arrebatándonoslo a golpes. La vulgar violencia que ejercieron llegó al grado de utilizar armas de fuego para amenazar a las personas que nos encontrábamos dentro de la propiedad.
Los cobardes acontecimientos del pasado lunes fueron encabezados por el abogado José Mario de la Garza, que de manera agresiva, violenta e ilegal, tomó por la fuerza el predio, apoyado por un grupo de choque integrado por más de 60 individuos, demostrando con ello su lado más negro y la perversidad de su actuar, pues representa una asociación de nombre Renace dedicada a apoyar jurídicamente a gente necesitada y por otra parte aplastó ilegalmente con la fuerza de los poderosos el patrimonio de mi familia, esto también gracias también a la intervención del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta quien al mismo tiempo que ejerce como servidor público encargado de las obras de rehabilitación del Centro Histórico y recibe un sueldo de todos los potosinos, también cobra un salario como empleado de IMMSA, lo que es a todas luces ilegal porque tiene un conflicto de interés al defender a particulares que cometen actos de violencia en contra de ciudadanos indefensos.
Los potosinos que en el pasado le pagamos su sueldo como gobernador y ahora su salario como burócrata nos preguntamos si Horacio Sánchez Unzueta no se cansa de saquear el erario y la buena fe de nuestro pueblo para abusar de sus influencias y usarlas para ser como en realidad lo es un sirviente desalmado de sus intereses económicos. Las influencias que presume el ex gobernador dentro del gobierno ya han quedado demostradas en el ataque cometido contra mi familia.
Lamentamos que el auxilio que en su momento le pedimos a las autoridades para que evitaran que se consumara este atropello no hayan surtido efecto y que una vez más la prepotencia de la empresa contaminante y del ex gobernador Sánchez Unzueta gocen de la impunidad y complicidad de varios servidores públicos, entre ellos la del Secretario General de Gobierno.
Hacemos un llamado urgente al gobernador del estado Dr. Fernando Toranzo Fernández para que no permita que sujetos sin escrúpulos como Horacio Sánchez Unzueta pasen por encima de su autoridad y se confabulen con otros funcionarios para poner el gobierno al servicio de los voraces intereses de IMMSA.
Seguiremos defendiendo nuestros derechos en las instancias correspondientes y seguiremos defendiéndonos de los ataques de una empresa que al parecer cuenta con la protección del gobierno para cometer todas sus fechorías.
No le deseamos a nadie el infierno que nos hicieron vivir el pasado lunes, hemos presentado las denuncias correspondientes, pero la violencia que sufrimos no nos hará renunciar a nuestro patrimonio. Su dinero podrá comprar a algunas autoridades, pero nunca van a comprar la dignidad del pueblo de San Luis Potosí.
ATENTAMENTE
JORGE MARTÍN SCHEKAIBAN SARQUIS.
