Fernando Inés Carmona
La Jornada
Orizaba, Ver.- En menos de un año, las «reformas» del «gobierno» federal ahondaron la zanja entre pobres y ricos de este país, y esas diferencias amagan con crecer cada vez más; en tanto un promedio de 112 proyectos hidroeléctricos y mineros se ejecutarían en el estado, lo que significa desarrollo pero también “la extinción de flora y fauna” en diversas regiones de la entidad.
De acuerdo con un comunicado que la organización Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres en náhuatl, o Tinam) este miércoles emitió, afirman que las reformas neoliberales son sinónimo de una neocolonización a la que es sometida la nación, “el país es avasallado para ir acrecentando de manera exacerbada la acumulación originaria del capital, despojando las tierras a los campesinos y usurpando los recursos naturales para entregárselo a los extranjeros”.
El documento señala que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión “incrementan la explotación del hombre por el hombre y su modo de producción se sustenta en el origen de la propiedad privada, que ha conllevado (sic) a nuestro pueblo a la degradación humana y la deshumanización, la generalización de la alienación, enajenación y el consumismo exacerbado, de estar sumergidos en este sistema, para que nuestro pueblo trabajador de los diferentes sectores, cada vez más vaya perdiendo su identidad, origen y renegar de su clase”. Así, expone, “aunque se niegue tenemos una gran dependencia de los Estados Unidos, como pueblo mexicano nada tenemos que celebrar, porque seguimos sometidos”.
Por otro lado, señala el texto, otro ejemplo del sometimiento al capital extranjero es la planeación de al menos 112 “megaproyectos” de “exploración de yacimientos de petróleo, uso de ríos así como de las minas, tan solo en Veracruz, con ello habrá daños muy importantes en la fauna y flora. Los que gozan de los privilegios son unos cuantos que componen de 11 clanes de familias de oligarcas nacionales y los empresarios del extranjero”.
Para concretar estos proyectos, el Estado mexicano va a recurrir a la obligación en la venta de las tierras y utilizarán seguramente a dependencias oficiales para poder hacerse de los terrenos en donde se encuentren esos yacimientos, sostiene, “la Procuraduría Agraria es una de ellas e incluso en municipios de la zona centro del estado ya ejerce presión para tal hecho”.
El problema es que cuenta con la complicidad de los comisariados pasados ejidales. “Ese es el intento del Estado mexicano de concretar el despojo legalizado y privatización de la tierra en nuestro país”. Dio a conocer el Tinam que funcionarios del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar) con mentiras y de forma violenta compelen a los núcleos de poblaciones ejidales y de bienes comunales a que se inscribieran en el programa de regularizaron para que se tuviera certeza jurídica.
Lo cierto, explica el texto, lo que se pretende es agilizar los trámites para despojar legalmente de sus terrenos a los ejidatarios “y con ello facilitar la instalaciones y ejecución de los nuevos proyectos de explotación de recursos naturales como es el caso de las minas y las aguas en el estado de Veracruz”.
