Redacción La Jornada
Se confirmó que el juez noveno de distrito de la ciudad de Coatzacoalcos concedió un amparo a los presuntos autores del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, ya que se aportaron pruebas de que fueron torturados y no se les respetaron sus derechos al momento de emitir sus declaraciones. A pesar de este amparo, se les exige al juez estatal revisar el caso pero no les otorga la libertad.
El reportero del Diario Notisur, Liberal del Sur y La Red fue secuestrado el pasado 5 de febrero por un grupo armado y su cuerpo encontrado en un predio de Las Choapas; tras el hallazgo fueron detenidos Teresa de Jesús Hernández Cruz, presunta autora intelectual, y José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández, presuntos asesinos materiales.
El pasado 19 de febrero del presente año les fue notificado el auto de formal prisión a los seis presuntos implicados en el secuestro y homicidio de reportero, la cual se encuentra asentada en la causa penal 151/2014 en el juzgado tercero de primer instancia, por el presunto delito de secuestro grave y homicidio.
Sin embargo, el juez noveno de distrito concedió l amparo 215/2014 , ya que los implicados señalan que al momento de ser detenidos fueron torturados por elementos de la Policía Ministerial para obligarlos a inculparse del crimen.
Los seis antes señalados interpusieron el amparo directo por actos privativos de libertad, argumentando que la autoridad ministerial no les concedió el tiempo a los defensores de los ahora procesados para asistirlos antes de su declaración ante dicha autoridad.
De acuerdo a lo que señala el emparo, el juez federal ordena que se desechen las pruebas periciales y la declaración de los presuntos inculpados y ordena al juzgado que lleva el caso que realice la revisión de la investigación.
A pesar del amparo, éste no resuelve la liberación de los inculpados, sólo está pidiendo una nueva revisión del caso y será resuelta en un tribunal estatal.
Esta es la segunda ocasión en la que la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz entra en un proceso similar por las investigaciones en los asesinatos de periodistas debido a las prácticas de tortura de los presuntos asesinos.
En agosto de 2013, la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión contra Jorge Antonio Hernández alias El Silva por el presunto asesinato de la periodista Regina Martínez, ya que consideraron que se le violaron las garantías durante el proceso y no contó con una defensa adecuada.
También en Coatzacoalcos, apenas en mayo pasado, el tribunal colegiado auxiliar con sede en esta ciudad dejó sin efecto cualquier prueba existente que haya practicado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de los inculpados por el asesinato del pastor Claudio Martínez.
Los electricistas Felipe Cortés, Adrián Zaldívar Valencia, Jorge Arturo Jara García, Roberto Lara Velázquez, obtuvieron el amparo 823/2013 interpuesto por la serie de irregularidades registradas desde el momento de la captura hasta su ingreso al centro penitenciario Duport Ostión, con lo cual obtuvieron su libertad y la investigación se detuvo.
