Norma Trujillo Báez
La Jornada
Maestros de la Huasteca Veracruzana denunciaron que debido a su participación en contra de la reforma educativa siguen siendo víctimas de un linchamiento mediático, se nos hostiga en los centros de trabajo, se siguen levantando actas administrativas y toda una serie de actos represivos como el remover de los centros de trabajo a toda la plantilla laboral y negar ascensos escalafonarios.
Maestros de la Unidad Obrera Magisterial Indígena Campesina del norte de la entidad, insertos en las organizaciones CNTE, UCIP- Cuauhtémoc, FDomez-FNLS, Tinam, UECVT, MDHV, señalaron que los trabajadores de la educación seguimos laborando en condiciones degradantes; viviendo las mismas condiciones de precariedad que nuestros alumnos y padres de familia y asumiendo juntos también el costo de la educación para el pueblo, porque hay escuelas donde no tenemos aulas dignas, luz eléctrica, material didáctico, ni siquiera pensar en el equipo de cómputo, porque a veces ni gises hay.
Los maestros dijeron que la esencia de la reforma hecha ley lleva implícito la anulación del derecho universal a la educación para el pueblo, lo que está sucediendo en México es un intenso proceso de privatización de la educación, un derecho universal del hombre ha sido convertido en una asquerosa relación económica.
Asimismo consideraron que en corto tiempo los efectos del desastre educativo nacional, expresado en las estadísticas de la deserción escolar y en el analfabetismo funcional y en Veracruz la represión contra los trabajadores de la educación está a la orden del día; “se nos sigue linchando mediáticamente, se nos hostiga en los centros de trabajo, se siguen levantando actas administrativas y toda una serie de actos represivos como el remover de los centros de trabajo a toda la plantilla laboral, negar ascensos escalafonarios para beneficiar lealtades mezquinas, se pasa por encima de todo derecho escalafonario como acto represivo”.
Pusieron de ejemplo de represión el caso de la Secundaría Técnica Agropecuaria Núm.47 del municipio de Benito Juárez, en donde se quiere remover injustificadamente a una parte de la plantilla laboral para cumplir capricho del director, Gregorio Martínez Hernández y el subdirector Florencio Hernández Nicolás como represalia administrativa por mantener la protesta contra la privatización de la educación.
El caso de los profesores Martha González Olivares a quien se le remueve de su comisión y centro de trabajo en la Supervisión de la zona 838 ubicada en Tecomate Chicontepec, el caso del profesor Eusebio Morales Téllez ilustra también en ese sentido la represión administrativa negando sus derechos laborales y escalafonarios para aspirar en la cadena de ascensos a la supervisión, obviamente beneficiando a quienes no tienen el derecho.
También está la situación de la zona escolar 622 de primaria indígena ubicada en el municipio de Benito Juárez, que exigen la destitución del supervisor Guillermo Álvarez quien ha sido desconocido por la base quien dice representar, pero en todo momento hace gala de autoritarismo al decir que cuenta con el respaldo del gobierno y de la SEV.
