Blanche Petrich
La Jornada
México, DF. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace 15 días y los colectivos que los acompañan resolvieron que en este momento “no hay espacio para una interlocución con el gobierno, ni para mesas de diálogo o negociación”, por lo que, en lugar de un grupo mediador, se decidió integrar un comité de notables que impulse la búsqueda exhaustiva de los jóvenes y una identificación forense confiable de los restos encontrados hasta ahora.
Insistieron que los familares, en cuanto a la identificación de sus hijos, sólo tendrán certeza y confianza en los resultados periciales que obtenga el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses que participan en las diligencias.
Al evaluar la evolución de hechos en las pasadas 48 horas, las víctimas y los grupos de acompañamiento concluyeron que la respuesta del gobierno federal a la crisis humanitaria desatada el 26 de septiembre en Iguala “llegó tarde” y “no genera confianza”. Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se trata de “pura pantomima y teatro”.
A ello contribuyó el hecho de que el mismo jueves por la tarde la PGR volvió a anunciar a los medios de comunicación el hallazgo de cuatro nuevas fosas y varios restos humanos más «sin decoro ni consideración ante las horas de profunda angustia que viven los familiares».
Organizaciones solidarias con experiencia en protocolos de búsqueda y acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de desaparición forzada observaron que apenas esta semana en curso, cuando fue descubierto el primer entierro en los alrededores de Iguala, los equipos que atienden el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la CNDH llegaron en tropel a Chilpancingo a abordar a los padres de familia.
La ayuda institucional fue rechazada por el momento, ya que los padres prefirieron la experiencia y el apoyo de organizaciones como FUNDAR y Fundec-Fundem.
Por otra parte, los servicios periciales de la Procuraduría General de la República y la procuraduría estatal abordaron a los familiares sin un trabajo previo de preparación y coordinación. “Esta atención diferenciada afecta a las familias de los muchachos desparecidos, ya que tienen que entregar muestras hemáticas dos y hasta tres veces para los análisis de ADN. Esto representa una revictimización y es muy doloroso”, lamentaron los grupos de solidaridad involucrados en el proceso.
Se criticó, además, que subsisten obstáculos burocráticos para que el EAAF pueda abordar su trabajo con la independencia y el pleno acceso necesarios. Este equipo de especialistas argentinos, que empezó con el esclarecimiento de los 30 mil desaparecidos en la guerra sucia de su propio país, ha realizado estudios forenses en Guatemala, Colombia, Bosnia, Zimbawe, Vietnam y Ciudad Juárez, entre otros lugares. Aseguran que, si se les permite realizar su labor, podrían entregar un primer avance probablemente en un plazo de tres semanas.
Preocupa a las organizaciones que la PGR atrajo el caso de Iguala de manera parcial, únicamente en lo referente a la línea de investigación de delincuencia organizada, mientras que la procuraduría guerrerense controla todavía algunos hilos de la averiguación. Lamentan que la acción judicial pretenda poner énfasis únicamente en la lógica forense.
Integran la comisión de impulso a la búsqueda y esclarecimiento el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, Dolores González Saravia, de Servicios y Asesoría para la Paz, Javier Sicilia, del movimiento por la paz con justicia y Dignidad, Magda Gómez, Carlos Fazio, Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas, Edgar Cortés, Blanca Martínez, Michael Chamberlin y Mario Patrón, entre otros.
