Jair García
La Jornada
Las dependencias estatales y ayuntamientos veracruzanos mantienen una postura de opacidad y resistencia a la transparencia, pues siguen negándose a proporcionar datos que los obliga con claridad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información como lo son los relacionados a sueldos y estadísticas de desempeño.
En sesión, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, José Luis Bueno Bello y Yolli García Álvarez ordenaron a las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Salud (SS), así como a los ayuntamientos de Xalapa, Nanchital, Calcahualco y Agua Dulce, proporcionar diversos datos, que se negaron a entregarlos a ciudadanos.
En el caso de la SSP, un particular solicitó conocer el número de personas detenidas, operativos y de sujetos puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, en el municipio de Córdoba. La respuesta que emitió la dependencia estatal fue sólo remitirlos a un enlace electrónico donde venían las estadísticas criminales a nivel nacional.
El IVAI ordenó a la Secretaría de Salud a proporcionar datos relacionados con el número de personas atendidas por sobredosis de drogas como cocaína, marihuana y lcd, además por intoxicación etílica. La respuesta que ordenó la instancia estatal estaba configurada de cierta manera que era imposible para el solicitante consultarla, por lo cual se instruyó a la Secretaría de Salud a presentarla de forma legible.
En el caso del ayuntamiento de Xalapa, la administración del alcalde, Américo Zúñiga Martínez deberá transparentar los recursos que otorga al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa de la CROC, así como la plaza y sueldo que ostenta el dirigente de dicho gremio.
La respuesta inicial del municipio fue otorgar solo datos sobre el contrato colectivo de trabajo con dicho sindicato, pero no accedió a dar a conocer los beneficios económicos que otorga a esa organización, como de manera particular a su dirigente.
A los municipios de Nanchital, Agua Dulce y Calcahualco, igualmente, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información les ordenaron proporcionar datos relacionados con la nómina, gastos de operación y manejo de los recursos públicos.
