Gabriela Hernández
Proceso
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue. (apro).- Ante un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones sociales denunciaron la represión, criminalización y persecución desatada por el gobierno de Rafael Moreno Valle contra toda persona que participe en movilizaciones o protestas.
Al celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, los activistas pidieron a Alan García, asesor jurídico del comisionado, la intervención de la ONU para lograr la liberación de las personas encarceladas en Puebla por encabezar o participar en alguna causa o movimiento social.
En su intervención, García señaló que igual que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Atotzinapa y Tlatlaya, la represión policíaca aplicada contra habitantes de la comunidad poblana de Chalchihuapan –donde resultó herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie–, son “actos ultrajantes” para la conciencia de México.
“Nosotros desde Naciones Unidas reivindicamos que México tiene futuro y tiene futuro porque la gente ha despertado en este año en el que se ultrajó la conciencia nacional, es indispensable que los pueblos se liberen del temor y de la miseria, desde Naciones Unidas seguiremos acompañando la esperanza”, ofreció.
Líderes de distintos grupos pidieron al representante de la ONU interceder para que cese la persecución contra decenas de personas que tienen orden de aprehensión en Puebla y han tenido que huir o esconderse para evitar ser encarceladas luego de participar en alguna movilización.
En un encuentro en los terrenos donde el gobernador Moreno Valle pretende construir un parque, Josué Xicale, hijo de Adán –el abogado que encabezó el movimiento opositor a ese proyecto–, acusó que su padre, su hermano Paul y los hermanos Albino y Primo Tlachi Valencia están presos bajo delitos fabricados.
Agregó que otros 10 integrantes del movimiento “Cholula Digna y Viva” tienen orden de aprehensión sólo por defender las tradiciones, cultura, el suelo arqueológico y la identidad que la población ha mantenido vigente desde hace dos mil años.
“Seguiremos luchando para defender lo nuestro: tierras, historia, tradiciones, nuestro presente, calidad de vida y cultura”, reclamó Xicale. Y dijo: “No permitiremos que nos arranquen todo esto que por siglos hemos conservado para que conviertan a Cholula en una mercancía turística”.
Alejandro Torres, de la comunidad de Zacatepec, denunció que en su localidad la empresa italiana Bonatti continúa con la construcción del Gasoducto Morelos, pese a la oposición de los pobladores. Y es que, recordó, cuenta con custodia del Ejército Mexicano y las policías Federal y Estatal.
Moisés Coyotl, en representación de la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), acusó que el gobierno de Puebla modificó la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil para tratar de desaparecer a las Juntas Auxiliares. El propósito: Concentrar el poder, controlar políticamente a los pueblos y facilitar la imposición de los llamados “proyectos de muerte”.
En tanto, representantes de la organización de comerciantes “28 de Octubre” dijeron que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha emprendido averiguaciones previas contra integrantes de la familia del dirigente de esa agrupación, Rubén Sarabia, como reprimenda por el apoyo que ha dado a las movilizaciones contra su gobierno.
Alan García, asesor jurídico del Alto Comisionado de la ONU, ofreció acompañar a las comunidades en su lucha por la defensa de sus derechos humanos.
Nota redifundida en NOTIGODÍNEZ. Fuente
