Abel Barajas
Reforma
Cd. de México (10 junio 2014).- La Procuraduría Fiscal denunció ante la PGR a 10 directivos y empleados de Banamex.
El probable delito de estos funcionarios bancarios fue haber consentido una serie de operaciones fraudulentas en favor de Oceanografía, la empresa proveedora de Pemex, que le causaron al banco un quebranto patrimonial por 455 millones de pesos.
De acuerdo con el oficio 529-V-DGDFyD-236-2014, los directivos de Banamex acusados son Emilio Granja Gout, ex director de Banca Corporativa; Alfonso Ortega Brehm, ex jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global, y Erik Cervantes, analista de Negocios en Villahermosa, quienes están acusados por delito grave.
Otros involucrados son Juan Pablo Añorve, subdirector de Banca Corporativa; Vanesa Maricela Ramírez, Sergio Torres, Guillermo Pérez, José Ángel Castillo, Ricardo García y Angélica Ruiz.
En la querella interpuesta el pasado 29 de abril, la Procuraduría Fiscal denunció también a Amado Yáñez y otros cuatro mandos de Oceanografía, por tramitar con documentos presumiblemente falsos los créditos de factoraje ante Banamex.
Además de Yáñez, están denunciados Jorge Terán, director de proyectos de mantenimiento integral; Juan Carlos Tapia, representante técnico; Joaquín García, representante, y Alberto Duarte, superintendente de construcción.
Apenas la semana pasada un juez federal dictó auto de formal prisión a Amado Yáñez, sin embargo, el dueño de Oceanografía exhibió una fianza para quedar en libertad provisional.
A Ortega Brehm y Granja Gout los acusan de haber suscrito con Yáñez un «contrato marco» regulador de los créditos a Oceanografía, el 21 de septiembre de 2012, donde incluyeron una cláusula que abrió la puerta para que estafaran a la institución bancaria.
En la cláusula 5.8 del convenio, los directivos acordaron con Yáñez que Banamex no tenía la obligación de comprobar la validez de los documentos que Oceanografía les presentara como garantía, a cambio de los millonarios créditos.
«En ningún momento Banamex tendrá la obligación o responsabilidad de determinar o comprobar que los documentos que evidencian los derechos de cobro son válidos y legalmente exigibles.
«Ni si su texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en dichos documentos corresponden a los firmantes, ni si las partes que celebraron dichos documentos contaban al momento de su celebración con facultades suficientes para ello», señala.
Según la PGR, gracias a este contrato «doloso», otras áreas del banco aceptaron de la empresa de Yáñez 166 estimaciones falsas o alteradas, para garantizar créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.
