Pedro Zamora Briseño
Proceso
TEPIC, Nay. (apro).- Tras cuatro años como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nayarit, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto concluye su periodo en medio de críticas por haber recurrido a presuntas prácticas de nepotismo y falta de transparencia en el nombramiento de jueces en esta entidad.
Ricardo García Contreras, secretario de acuerdos en funciones de proyectista en el juzgado de San Blas, dijo en entrevista que aunque en el periodo que está por terminar se generaron al menos siete vacantes de plaza de juez, no se ha convocado a ningún concurso de oposición para asignarlas, sino que el titular del tribunal llenó los vacíos nombrando “provisionalmente” a secretarios de acuerdos en funciones de juez “por ministerio de ley”.
Es el caso de Antonio Enríquez Soto, hermano del presidente del STJ, quien tras la jubilación del juez mixto del municipio de Jala, en agosto de 2011, fue colocado de manera provisional en su lugar y pese a que ya transcurrieron más de tres años desde entonces, no ha sido sometida a concurso la plaza.
A través del oficio 1477/2011 de fecha 2 de agosto de ese año —del que una copia fue obtenida por Apro—, la secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Dora Lucía Santillán Jiménez, comunica al licenciado Antonio Enríquez Soto que “por instrucciones del magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto (…), se ordena su adscripción al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit, como secretario de Acuerdos en funciones de juez por ministerio de ley, a partir del día 2 de agosto del año en curso y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura determine lo conducente”.
De acuerdo con Ricardo García, bajo mecanismos similares se encuentran cubiertas las plazas no asignadas de jueces en seis municipios más: Amatlán de Cañas, La Yesca, El Nayar, Santa María del Oro, Tecuala y Acaponeta. Coincidentemente en todos los casos, añadió, quienes ocupan los puestos son personajes allegados al presidente del STJ.
“La ley —expuso— no establece cuánto tiempo máximo debe durar un juez por ministerio de ley, son vacíos que existen, pero ya son más de tres años esperando que se concursen las plazas, no entiendo la razón de esta tardanza, pero uno se pregunta por qué mantiene tanto tiempo a su hermano; no pongo en tela de duda su capacidad ni la de los otros compañeros, no sé hasta dónde le llegaría al presidente una responsabilidad administrativa o política”.
García Contreras señaló que en 2009 se realizó el último concurso de oposición para asignar dos plazas de juez, en el que participaron cuatro secretarios de acuerdos, él entre ellos, pero cuando ya habían presentado todos los exámenes y pasado todas las etapas, el procedimiento se quedó inconcluso porque nunca se emitió la resolución.
Debido a esto, el año pasado Ricardo García promovió un juicio de amparo en el que se quejó de una omisión del Consejo de la Judicatura y de la Comisión de Carrera Judicial en su tarea de determinar de manera libre y autónoma a quién adjudicar las plazas de juez de primera instancia, que quedó registrado bajo el número de expediente 602/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic.
En su resolución dictada en abril de 2014, el juez federal Alfredo Barrera Flores determinó que las autoridades responsables violaron los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídicas en perjuicio del quejoso, por lo que le otorgó el amparo para que el pleno del Consejo de la Judicatura o a través de la Comisión de Carrera Judicial concluyan el procedimiento de evaluación que se quedó inconcluso.
Esta sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del 24 Circuito, en la sesión celebrada el pasado 23 de septiembre, al resolver el amparo en revisión 173/2014.
Según Ricardo García, otro de los problemas que se viven al interior del Poder Judicial de Nayarit es la ausencia de aumentos de sueldo en los últimos ocho años, aunque la mayoría del personal no protesta por temor al despido.
Bajo las circunstancias por las que atraviesa actualmente el TSJ de Nayarit, el próximo martes 30 se llevará a cabo la sesión para elegir al nuevo presidente de ese organismo o para reelegir a Enríquez Soto en el puesto.
De acuerdo con un análisis realizado por Óscar Verdín Camacho, editor del portal Relatos Nayarit, el presidente del tribunal podría ser sustituido del puesto, atendiendo a la costumbre de que quien encabeza al Poder Judicial suele estar identificado con el gobernador en turno.
Y en este caso, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto es un personaje cercano al anterior gobernador, Ney González, de quien el actual, Roberto Sandoval Castañeda, se encuentra distanciado.
Por lo tanto, según Verdín Camacho la opción más cercana al mandatario para encabezar el tribunal es el magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, secretario técnico del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia en el estado, aunque no se descarta la posibilidad de que Enríquez Soto busque la reelección.
Otras opciones para la presidencia del Tribunal, a juicio del analista, son Rocío Esther González, identificada con el gobernador Sandoval Castañeda, y Jorge Ramón Marmolejo, vinculado a al exgobernador González Sánchez.
