Redacción Noticaribe
CANCÚN, MX.- Por abuso de poder, tráfico de influencia y por tolerar una larga serie de irregularidades imputables a varios de sus principales colaboradores, el constructor Mario González, quien desde hace casi tres años interpuso una demanda contra el ex Alcalde de Felipe Carrillo Puerto por fraude equivalente a 9 millones de pesos por obras que se realizaron en ese municipio y que nunca pagó, interpuso esta semana una demanda penal en la Procuraduría General de la República contra el Gobernador Roberto Borge Angulo.
La denuncia, además, incluye al secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; al Procurador General de Justicia, Gaspar Armando García Torres; a la subprocuradora de la Zona Centro, Blanca Blanca Imelda Ávila Várguez, y, por supuesto, al ex alcalde Uc Yam, a quien el empresario acusa de estar protegido por las autoridades estatales al más alto nivel porque sólo así se explica que en el pasado haya eludido las órdenes de aprehensión por la demanda civil interpuesta ante la PGJE para exigir la reparación del daño patrimonial causado por el incumplimiento de pago cuando gobernó el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
La demanda penal ante la PGR fue interpuesta apenas el pasado jueves en Cancún y quedó registrada con la guía pgr/qr/mesa4/422/2014, con lo cual la dependencia federal fue habilitada para iniciar sus propias investigaciones contra el Gobernador y los funcionarios aludidos.
Dijo que el Gobernador Borge “siempre estuvo enterado de todas la irregularidades y de todas las cocochinadas (…) el gobernador es responsable, así como Gabriel Mendicuti, el Procurador y la Subprocuradora de dar protección a Sebastián Uc Yam”.
En entrevista con Noticaribe, Mario González explicó que acudió a la PGR a poner su denuncia luego de que en Quintana Roo agotó todas las instancias legales para que pedir que le hicieran justicia, y luego de convencerse y reunir las pruebas suficientes para demostrar que en el estado no sólo no había voluntad para actuar contra el ex Alcalde de Felipe Carrillo Puerto, sino que las autoridades al más alto nivel se confabularon para protegerlo y evitar su captura cuando, después de muchos meses de lucha, finalmente un juez aceptó librar una orden de aprehensión en su contra.
“Todas las irregularidades se documentaron, se agotaron los medios legales en el estado: favoritismo, corrupción y protección hacia Sebastián Uc Yam”, resumió
“Quiero que se haga justicia, que no gane la impunidad, ya que está demostrado que hasta hoy las autoridades estatales han actuado con gran cinismo”, dijo. “Esto es una forma de proceder para meterle miedo a la gente”.
Sin embargo, afirmó que los ciudadanos no pueden amedrentarse ante este tipo de servidores públicos porque “nosotros les pagamos a los políticos: no tenemos que rendirle caravana a ningún servidor, ellos están para servirnos, como gobernados tenemos mucho derecho que la gente desconoce y por miedo la gente muchas veces prefiere no actuar en su contra”.
Dijo que la subprocurador Blanca fue la encargada de notificarle a Uc Yam las veces que era emitida una orden de aprehensión en su contra para que lograra escapar, además de que le entregó al ex Alcalde copia del expediente en su contra y, a sus abogados, les pasaba información vía telefónica.
Señaló que, por ejemplo, a pesar de que el ex Alcalde era advertido con antelación el día y la hora en que se le iba a detener, los policías llegaban a su domicilio con torretas encendidas para que, en caso de que se hubiera retrasado, le diera tiempo de escapar.
Todo esto se tradujo en que el ex funcionario nunca pudo ser detenido, ganando tiempo para que, mucho tiempo después, obtuviera un amparo que dejó sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra.
Además, dijo que las autorides, le fijaron una fianza de 10 mil pesos por delitos que rabasan los 9 millones de pesos, lo cual Sebastián Uc Yam no tuvo problemas en sortear.
Agregó que de todo esto el Procurador Gaspar Armando García Torres estaba enterado, lo que lo hace cómplice, además de que la denuncia en su contra incluye todo el dinero que le hicieron gastar en gasolina, hospedaje, alimentos de policías judiciales, ya que era una condición para que aceptaran hacer las diligencias ministerial que por ley tienen la obligación de hacer.
Aseguró que el Procurador también actuó con dilación porque durante 7 meses tuvo en su poder el expediente en contra del ex Alcalde antes de aceptar remitirlo al Congreso del Estado cuando se ventilaba la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra.
Por otra parte, dijo que el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, le pidió 2 millones de pesos para que no tuviera ningún problema y el expediente contra Sebastián Uc Yam avanzara, pero luego lo amenazó para que no continuará con las denuncias.
Dijo que en este contexto se encuentra el saqueo que sufrió sus oficinas a cargo de gente armada, buscando información del caso, además de intimidarlo, lo que lo obligó a dejar el estado de forma repentina.
Expuso que Mendicuti Loría actuó en total complicidad con Sebastián Uc Yam porque son socios en una radiodifusora.
Aseguró que su denuncia está sustentada y tiene pruebas de estas y otras acusaciones específicas que están contenidas en el expediente presentado ante la PGR.
Mencionó que después de agotar todas las instancias legales en Quintana Roo, fueron estos propios funcionarios los que le dieron los elementos para presentar una denuncia en su contra ante la PGR.
“Han incurrido en 20 mil delitos, incluyendo amenazas por parte del gobernador, del secretario de gobierno…”, declaró. Comentó que las propias autoridades han intentado ejecutar procesos en su contra que no han estado sustentados jurídicamente.
Pero advirtió: “Nadie es intocable en este país, todo mundo puede caer en cualquier momento jurídicamente hablando”.
