Por Corresponsales
(La Jornada)
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) negó el paso a integrantes de la brigada de búsqueda del Colectivo Solecito al terreno donde localizaron 78 fosas clandestinas, en la zona norte del municipio de Veracruz, por negarse a dejar sus teléfonos celulares a policías ministeriales.
Rufino Bustamante, uno de los voluntarios, dijo que la FGE los acusó de haber filtrado a los medios información sobre lo encontrado en el predio, ubicado a un lado de la colonia Colinas de Santa Fe.
«No entendemos qué van a ocultar. Van casi 80 fosas, ¡por favor! Esto ya todo el mundo lo sabe». Agregó que las filtraciones podrían venir de la propia FGE, que hace guardia toda la noche. Además, «es un riesgo estar incomunicados», expresó.
Los miembros de la brigada participan en la búsqueda de las 7 hasta pasadas las 16 horas.
Érika Mendoza González, del colectivo, indicó que sólo han sido procesadas 10 de las 78 fosas encontradas, de las cuales han sido exhumados 29 cuerpos. La búsqueda lleva un mes y han recorrido casi una hectárea de las 15 que abarca el terreno.
Tras más de una hora de discusión, las autoridades finalmente permitieron a los voluntarios pasar con sus celulares.
En Sinaloa, las madres que integran del grupo Las Rastreadoras cumplieron dos años de búsqueda de cadáveres y fosas clandestinas en el norte del estado. Ayer un centenar de personas marchó de la entrada principal a Mochicahui a la cabecera municipal de El Fuerte.
Mirna Nereida Medina Quiñónez, lideresa del grupo, dijo que unas 30 personas iniciaron las búsquedas con el mismo número de desaparecidos y ahora suman casi 300 integrantes.
En este lapso, las mujeres, la mayoría de las cuales indagan el paradero de jóvenes desaparecidos por policías municipales y estatales, han encontrado cerca de 60 cadáveres en al menos 50 fosas clandestinas en los municipios de El Fuerte, Ahome y Choix.
Medina Quiñónez busca desde 2014 a su hijo Roberto Corrales, secuestrado por hombres armados en la comunidad de Mochicahui. Acudió a la policía, pero ésta nunca buscó a su hijo.
«Me hice rastreadora porque el gobierno no investiga y porque aquí la policía está metida en la mayoría de los casos», manifestó.
En Colima, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desaparecieron 194 personas en los seis años recientes. Sin embargo, sólo en el primer semestre de 2016 se denunciaron 48 casos, 14 de menores de edad.
El procurador estatal, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, designado en marzo pasado, prometió renunciar si no logra una «mejora sustancial en la percepción de la seguridad». El plazo vence este martes. De enero a julio de este año se reportaron 345 asesinatos en el estado, la cifra más alta en una década.
