Juan Luis Cruz Pérez
La Jornada
Irregularidades financieras presuntamente por 44.5 millones de pesos persisten en la cuenta pública del ayuntamiento de Apizaco de 2013, por lo que los diputados de distintos grupos parlamentarios pretenden modificar el resolutivo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que en un inicio pretendió validar ese estado contable.
Además, la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 de Apizaco no ha sido presentada al pleno del Congreso local, pues persisten discrepancias entre los diputados por el informe parcial emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en mayo pasado y su resolutivo final, pues en este último ya fueron incluidos los estados financieros del último trimestre de ese año en el que se advierten diversas irregularidades.
De acuerdo con información de la Comisión de Finanzas, el informe de resultados de la cuenta pública emitido por el OFS en mayo de este año era con carácter de parcial, pues el ex edil Orlando Santacruz Carreño no había entregado las cuentas públicas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013.
Sin embargo, una vez que éstas fueron recibidas y tras el análisis y la fiscalización correspondiente, el OFS emitió el informe definitivo de esa cuenta pública, según el oficio OFS/DAM73202/2014, en el que se da cuenta de las presuntas inconsistencias en las que habría incurrido la pasada administración del ayuntamiento de Apizaco.
Por ejemplo, el informe final revela que la Comuna incurrió en pagos y conceptos adicionales a la retribución económica en tabulador autorizado de funcionarios de elección popular, es decir, gratificaciones improcedentes por 5 millones 742 mil 533 pesos, que afectaron gravemente otros rubros, obras y acciones trazadas en la administración.
Además, tienen pasivos por un millón 397 mil 804 pesos por deudores diversos no comprobados, reintegrados o cancelados con y sin documentación comprobatoria y justificada, así como gastos excesivos no justificados por 6 millones 424 mil 87 pesos.
Del pliego de observaciones por aclarar, también destaca un monto por 15 millones 127 mil 614 pesos por impuestos y retenciones cancelados sin documentación y saldos de proveedores y otros 2 millones 798 mil 226 pesos por erogaciones que carecen de documentación comprobatoria y su justificación.
De la misma manera se encuentra un posible daño patrimonial a la Comuna por 7 millones 572 mil 678 pesos por pago de conceptos diferentes a los fines de los recursos o reglas de operación que establece la Ley de Coordinación Fiscal, así como otros 3 millones 945 mil pesos por precios pagados superiores a los del mercado.
