Estos priistas… ¿ya se les olvidó quién ordenó el operativo de Atenco donde murieron un niño de 14 años y un joven de 20? ¿Ya se les olvidó que Juan Francisco Kuykendall murió por un impacto de bala de goma en la cabeza –igual que este niño al que hoy usan para su maldita carroña política– durante el golpe de Estado del 1D para que Peña Nieto usurpara la presidencia? Rafael Moreno Valle es tan asesino como Enrique Peña Nieto. PRI y AN SIEMPRE HAN SIDO LA MISMA BESTIA ASQUEROSA Y ASESINA, DISFRAZADA DE DISTINTOS LOGOTIPOS PERO IGUALMENTE MANCHADA DE SANGRE.
Álvaro Ramírez Velasco
E-Consulta
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) del Senado de la República se pronunció finalmente sobre el caso Chalchihuapan: puso en tela de duda la versión oficial de que fue un cohetón el que lesionó y causó la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y, en cambio, consideró que el deceso del niño de 13 años es producto de “la política criminal” del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En un punto de acuerdo presentado a nombre de los 54 senadores del Revolucionario Institucional, también se acusa al habitante de Casa Puebla de “intolerante, represor” y de no observar el cumplimiento de los derechos humanos en el caso de esa junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, pero también en otros más, como el de los opositores del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos.
“La manifestación que tenía como objeto solicitar al Gobierno poblano la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, así como la liberación de 37 vecinos del municipio que fueron aprehendidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, dejan de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”.
Sobre el menor y la versión oficial es contundente la posición de la bancada del tricolor en la Cámara alta:
“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el Gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas”.
En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el GPPRI del Senado –que coordina Emilio Gamboa Patrón– recapitula que “testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes”.
De manera directa, los 54 senadores del Revolucionario Institucional lamentan además que las autoridades del gobierno del estado hayan dado “malos tratos” a la familia del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
“Los hechos se tornan aún más graves debido a que personal médico dio a conocer que después de que se le realizaran las pruebas de encefalograma y ultrasonido cerebral, el menor de edad fue declarado clínicamente con muerte cerebral y el 19 de julio falleció. Desde entonces, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor de edad ha recibido malos tratos por parte de autoridades del Estado de Puebla.
El texto fustiga la actuación de los cuerpos policiacos del gobierno estatal, pues asegura que “el uso legítimo de la fuerza pública debe ser empleado con pleno respeto de la dignidad humana y los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia se actuara por simple sospecha”.
“Lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad, peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.
Con los antecedentes e información allegada, la bancada senatorial del PRI concluye que “a simple vista y a reserva de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes, queda de manifiesto el menoscabo de derechos como a la libertad de expresión y a la vida, ambos de primer nivel en la esfera jurídica de todo individuo”.
Devastadora, la “Ley Bala”
El documento, que urge a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar el caso y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla a agilizar las indagatorias sobre las “conductas antijurídicas por parte de elementos de la Policía Estatal durante las manifestaciones ocurridas el 9 de julio de 2014”, también aborda el tema de la llamada “Ley Bala”.
El documento considera que esta norma –que está en proceso de derogación en el Congreso local– es violatoria de las garantías individuales y su aplicación ha sido “devastadora”:
“En contraste a lo establecido por la legislación nacional, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por parte de los elementos de las instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada el 19 de mayo de 2014 el Congreso de la entidad, lejos de coadyuvar con la protección de su población, establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos.
“Desde su presentación hasta su aprobación, la ley impulsada por el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fue cuestionada y motivo de amparos, que han sido otorgados, en virtud de que establece un catálogo de armas no letales autorizadas para ser utilizadas por los cuerpos policiacos, siendo las siguientes: bastones policiales, agentes químico irritantes aprobados para la función policial, dispositivos eléctricos de control, armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes, y las demás autorizadas por su reglamento y disposiciones jurídicas aplicables (…)
“A menos de dos meses de su aprobación, los resultados son devastadores y ha producido miedo, incertidumbre, lesiones e incluso un deceso, el cual derivo de los hechos acontecidos el 9 de julio de 2014, en el que habitantes del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla llevaron a cabo una manifestación pacífica en las carreteras de peaje y federal Puebla-Atlixco”.
El Punto de Acuerdo
A la luz de estos argumentos y con un error en la redacción, pues describe a San Bernardino Chalchihuapan como un municipio, cuando en realidad es una junta auxiliar de la municipalidad de Santa Clara Ocoyucan, el GPPRI del Senado solicita:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes sobre la probable violación de Derechos Humanos por parte del Gobierno del Estado de Puebla durante las manifestaciones ocurridas el 9 de julio de 2014, en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a que en el marco de sus atribuciones, agilice las investigaciones correspondientes sobre la probable comisión de conductas antijurídicas por parte de elementos de la Policía Estatal durante las manifestaciones ocurridas el 9 de julio de 2014, en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan. Asimismo envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado de los resultados de la investigación.
En el Grupo Parlamentario del PRI del Senado de la República destacan políticos como Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara alta; los ex gobernadores de Guerrero, René Juárez Cisneros; de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma; de Querétaro, Enrique Burgos García; de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto; de Chihuahua, Patricio Martínez García; el ex alcalde de Pachuca, Hidalgo, Omar Fayad Meneses; la ex secretaria General del tricolor, María Cristina Díaz Salazar; la influyente neoleonesa, Marcela Guerra Castillo, por mencionar algunos.
También la dirigente del Movimiento Territorial en todo el país, Ana Lilia Herrera Anzaldo; el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García; y la dirigente nacional de la dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo, por mencionar algunos.
A Puebla lo representan Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Lucero Saldaña Pérez.
Al concluir la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo que por falta de tiempo no alcanzó a ser leído en la tribuna, pero cuyo texto íntegro está en la liga http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=49247, fue turnado a comisiones.
