Verónica Macías / El Economista
A poco más de 18 meses del inicio de Peña Nieto, sigue sin haber transparencia, rendición de cuentas en los recursos federales en materia de seguridad, fiscalización en las evaluaciones de los elementos policíacos, ni indicadores claros sobre la incidencia delictiva, afirmaron los consejeros ciudadanos permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En conferencia de prensa, Andrea Ambrogi, Edna Jaime Treviño, Alejandro Martí, María Elena Morera y Miguel A. Treviño, informaron que «acordaron abordar estos temas con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública», Jorge Carlos Hurtado.
“Lo que queremos es hacer mucho más transparente y saber si se está avanzando, generar un flujo de información hacia la ciudadanía para saber si avanzamos o no en la construcción de capacidades de Estado, porque lo que hoy tenemos es un gran signo de interrogación”, lamentó Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, encargada de calificar las políticas de seguridad.
María Elena Morera explicó que se deben conocer los criterios para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, además de tener acceso a la evaluación con que las entidades federativas justifican sus niveles de cumplimiento con respecto a los acuerdos establecidos en los convenios de coordinación para la entrega de estos recursos.
El consejero Miguel A. Treviño refirió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe dar acceso a los protocolos y criterios con los que se construye la base de datos de incidencia delictiva del Centro Nacional de Información, y así saber con mayor certeza si se está avanzando o no en la disminución de la violencia e inseguridad en México, con el fin de modificar o no las políticas de prevención y combate al delito.
Miguel Treviño destacó que más allá de las emergencias coyunturales que ahora ocurren en Michoacán o Tamaulipas, hay que centrarse en procesos de fondo, como la certificación de policía, un sistema de indicadores nacional y la implementación adecuada de la reforma penal.
María Elena Morera detalló que con corte al 30 de junio de este 2014, en Aguascalientes y Colima la mayoría de los policías son acreditables; Baja California tiene una Comisión de Desarrollo Policial funcional, y su instituto ofrece la posibilidad de cursar la licenciatura o maestría a sus elementos; el Distrito Federal cuenta con mecanismo sólidamente establecidos de carrera policial y profesionalización. Para acreditar su permanencia, los elementos son evaluados integralmente dos años después de su ingreso; en Nuevo León sus ascensos y promociones son avalados por la universidad, sus elementos son evaluados integralmente cada dos años, como requisito de permanencia, y tiene fuertes controles internos de la función policial; en Sonora, el instituto policial tiene programas conjuntos de capacitación con la SEP e instituciones policiales de Estados Unidos.
En contraste, Morera manifestó que existen varios estados que presentan rezagos en alguno de los ejes del desarrollo policial: en Baja California Sur, los policías de nuevo ingreso no reciben una formación inicial estandarizada, iniciando sus funciones a la par de la capacitación; en Michoacán no se han construido las capacidades institucionales locales que permitan la adecuada implementación del desarrollo policial. Además, la recién creada Fuerza Rural carece de estándares básicos de selección y formación.
Finalmente, en Tlaxcala, el instituto policial carece de instructores certificados, sus cadetes reciben el nombramiento de policía desde el inicio de su formación inicial, mientras que su Unidad de Asuntos Internos prácticamente no existe. Nayarit, no existe un sistema formalizado de ascensos y promociones, su instituto carece de personal e instalaciones y no tiene un Consejo de Honor y Justicia. Tabasco tiene los sueldos de policía más bajos del país y sus condiciones laborales son precarias. En Tamaulipas no opera un sistema de carrera policial y existen métodos discrecionales de supervisión interna. Zacatecas carece de la instancias básicas para el desarrollo policial, pues no se ha aprobado el marco normativo mínimo que permitirá iniciar con su sistema de carrera y régimen disciplinario, además de que no ha dado de baja al personal no aprobado por el control de confianza.
