Shaila Rosagel
Sinembargo
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– El gobierno que encabeza el panista Guillermo Padrés Elías es el autor de una campaña de odio en contra de la tribu yaqui y de los opositores del Acueducto Independencia, que confronta a la población de Hermosillo con los indígenas del sur del estado, afirmó Mario Luna, uno de los líderes perseguidos por las autoridades sonorenses.
“Es una campaña que los operadores políticos del gobierno del PAN [Partido Acción Nacional] lleva a cabo con la gente. Han dicho que los que nos oponemos al Acueducto somos mentes criminales y perversas. Los yaquis ya no podemos transitar seguros por el estado, la gente en los medios de comunicación escribe cosas racistas, que nos van a matar”, dijo.
Además de la campaña de odio, Padrés Elías busca encarcelar a los líderes principales de la tribu, entre ellos Mario Luna, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad.
“El sábado pasado hicieron un mega operarivo en Vícam [uno de los pueblos yaquis, donde radica Mario] con más de 25 patrullas, iban por mí, anduvieron preguntando y buscándome. Ellos dicen que secuestramos a una persona, que en estado de ebriedad casi atropello a una señora y a una niña y se me detuvo conforme a los usos y costumbres de la tribu, pero yo no estaba ahí. Yo soy traductor y llevo papeleo a la tribu. Ellos no tienen pruebas. Pero yo me salí de allá, porque si me agarran, harán lo que quieran”, dijo a SinEmbargo.
Luna salió huyendo de Sonora por el acoso de las autoridades, y aseguró que el gobierno prepara órdenes de aprehensión en contra de otros tres líderes, entre ellos, Tomás Rojo, vocero de la tribu.
De acuerdo con Mario Luna, la persecución del gobierno de Guillermo Padrés es tanta que hasta retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.
“Nos tiene totalmente marcados para todo. Si eres yaqui, ellos tienen que dar el visto bueno, nos está haciendo la vida muy difícil en Sonora. Está así Padrés, rabioso con nosotros, porque sabe que el yaqui no se vende y que vamos a luchar hasta parar el Acueducto”,dijo.
PADRÉS REVOCA ORDEN DE JUEZ
La semana pasada el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, en un plazo de tres días después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibiera la notificación.
Ese día los yaquis celebraron, pues la suspensión llegó en medio de un proceso de consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reconocer que fue violado el derecho a la consulta de la tribu desde que inició la mega obra de Padrés.
La Corte reconoció que se violaron los derechos de la etnia y desconoció la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.
Todos esos elementos llevaron al juez a ordenar el cese del acueducto, pero el Fondo de Operaciones Sonora Sí (Fonsí), impugnó la sentencia y en menos de tres días [el lunes pasado], la orden fue revocada y el Acueducto Independencia seguirá su curso.
Los yaquis entonces volvieron a bloquear la carretera internacional en protesta de la revocación de la orden.
“La decisión deja mucho que desear, porque lo que de evaluó fue la necesidad de agua potable de Hermosillo, de la ciudad, pero ellos se quejan porque no les sale agua de la regadera, cuando nosotros tenemos que hacer hoyos para que nos salga un chorrito de agua. El 100 por ciento de la población Yaqui no tiene agua potable, entonces somos totalmente vulnerables y eso no lo vieron”, dijo Mario.
De acuerdo con el líder, alrededor de 30 por ciento de la población tiene agua entubada, pero no potable, sólo clorada. “Nosotros tenemos que sacar agua engusanada. Vamos a luchar por el agua, porque de eso depende nuestra subsistencia como pueblo”, indicó.
Los yaquis no tienen agua potable, tampoco calles pavimentadas y aun viven en casas de adobe con techos de lámina galvanizada o de cartón.
Mario Luna adelantó que la tribu seguirá en resistencia e interpondrá varios recursos legales, entre ellos, una denuncia de afectación y daños irreparables.
Además de trabajar con más de organizaciones civiles nacionales, la Tribu Yaqui llevó el caso del Acueducto Independencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
DEFENSORES EN PELIGRO
Hace unas semanas varias organizaciones civiles de denunciaron la persecución en el Distrito Federal en contra de los líderes yaquis.
En esa ocasión Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, indicó que hay preocupación por la persecución de los defensores de las comunidades indígenas, que protestan en contra de los megaproyectos.
“Por la cantidad de ataques en contra de estos defensores y el parámetro de si hay mejoría en México o no, no se va a medir por la cantidad de retórica que diga el Estado, sino por las acciones concretas que se tomen”, explicó.
En esa misma semana más de 200 organizaciones enviaron una carta a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, expresándole esa preocupación en el caso de Sonora.
En la misiva resaltan la criminalización de la cual son víctimas Tomás Rojo y Mario Luna e informan de la situación tensa que se vive entre la etnia y el Gobierno del Estado.
Las organizaciones indican en el texto que “hay preocupación de que detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.
Pero a pesar de la solicitud, Mario Luna se vio obligado a salir de Sonora y de su tierra yaqui, ante la persecución de la que es objeto.
No es la primera vez que se señala al gobierno de Sonora por violar los derechos humanos de lo pobladores yaquis. De acuerdo con la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida en 2012 y dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al gobernador Guillermo Padrés, las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena.
En la recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua del gobierno panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo Yaqui, por parte de la Semarnat”.
