Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Por segunda vez en menos de una semana, el grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) bloqueó la propuesta del diputado del Movimiento Ciudadano, Óscar Moguel Ballado, para enviar un exhorto al Peña Nieto a efecto de que aclare sus relación con Grupo Higa, la empresa que se encargó de financiar y remodelar su mansión de las Lomas de Chapultepec.
La constructora es propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, con quien el sujeto no sólo tiene una relación de amistad, sino también de proveeduría gubernamental que le ha redituado ganancias por más de 22 mil millones de pesos en sólo dos años. (Proceso 1985).
En asociación con la empresa China Railway Construction Corporation Limited, Grupo Higa ganó la licitación para construir el tren México-Querétaro que finalmente se canceló.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Moguel Ballado intentó de nueva cuenta presentar un punto de acuerdo para solicitar a la «pareja presidencial» transparentar su situación patrimonial, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
También pretendía que Peña Nieto explicara los detalles sobre la cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, “toda vez que ambos casos están relacionados”, según expuso a través de un comunicado.
Sin embargo, el legislador del Movimiento Ciudadano acusó que los diputados priistas “rompieron el quórum” para que la sesión se interrumpiera y no pudiera someter a votación su propuesta.
La maniobra de hoy del grupo parlamentario no fue la primera. El pasado jueves 13, el diputado el coordinador de la bancada del PRI, Tonatiuh González Case, dio por terminada la sesión ordinaria sin que Moguel Ballado pudiera exponer su punto, pues declaró que no había el quórum necesario, “pese a que dos diputados que le antecedieron en el uso de la palabra registraron las mismas circunstancias de mayoría”.
Ante este escenario, el diputado Moguel Ballado recordó hoy la existencia de “procedimientos irregulares de Peña Nieto durante su campaña presidencial” con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien antes de fallecer rentó helicópteros y aviones al entonces candidato priista y sostuvo contratos “por más de 20 mil millones de pesos” cuando el mexiquense gobernó el Estado de México.
Ahora se sabe, dijo, que Hinojosa es socio de la constructora Teyo y del Grupo Higa –supuestos dueños de la casa de Rivera Hurtado–, “los que sostienen una relación de negocios con la empresa china Railway Construction Corporation Limited, también relacionados con la finca”.
Moguel Ballado acusó que esta información “se pretende esconder en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con artimañas que saben hacer muy bien priistas entrenados en las artes del escapismo”.
El punto de acuerdo
En el punto de acuerdo que no se pudo leer ante el pleno de la ALDF, el diputado del Movimiento Ciudadano pide aclarar “los hechos oscuros” que involucran a la «pareja presidencial» con la posesión de la llamada “Casa Blanca” y su ausencia en la declaración patrimonial del Peña Nieto.
También exhorta al Peña a rendir un informe “pormenorizado” de la revocación del fallo de la licitación del tren México-Querétaro. A la Secretaría de la Función Pública le solicita realizar las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, a los servidores públicos involucrados en la revocación del fallo respectivo.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los exhorta para informar sobre el cobro de impuestos generados con motivo de la casa que presuntamente Televisa le entregó a Angélica Rivera por su trabajo como actriz de telenovelas.
En cuanto al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) del DF le solicita proporcionar la versión pública de los antecedentes registrales de la propiedad denominada “Casa de la Palma”, así como de la que la televisora le entregó a la actriz.
El texto considera “urgente” tener los resultados de esas investigaciones pues “por errores burocráticos o sombríos intereses” se tuvo que cancelar la contratación de servicios a la empresa China Railway Construction Corporation Limited.
Y es que, recuerda, la indemnización respectiva por la revocación del contrato a la empresa extranjera tendrá un costo para todos los mexicanos de 590 millones de pesos, correspondiente a 1% de la propuesta económica presentada para la licitación.
En opinión del legislador, “la falta de transparencia en la licitación del proyecto para el desarrollo del TAV México-Querétaro generó un ambiente nefasto que deja serías dudas sobre los buenos manejos del presupuesto federal por parte del gobierno que Peña Nieto”.
Es lamentable, continúa, “que no sólo esté en tela de juicio la legalidad de la licitación sino la honorabilidad del presidente [sic] de México”.
