Mismo dinero que fue a parar a las cuentas de Grupo Higa, Slim o algún otro empresario jefe del asesino de Atenco que vive en Los Pinos.
Rolando Herrera
Reforma
Cd. de México, México (18 enero 2015).- El «sistema de fiscalización» que el «gobierno» federal emplea para combatir la corrupción entre sus servidores públicos es caro y poco eficiente.
Un estudio que realiza Alejandro Tuirán, investigador de la Universidad Autónoma de Hidalgo, revela que en 2013 el Gobierno federal gastó 438.8 millones de dólares (6 mil 475.4 millones de pesos, en ese entonces) en la estructura de vigilancia y control.
El monto está conformado por el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ese año fue de mil 392.8 millones de pesos, más los recursos que las 211 dependencias y entidades de la administración pública federal destinaron a los Órganos Internos de Control (OIC) que tienen adscritos.
La cifra, advierte la investigación, es muy superior a la que agencias anticorrupción de otros países erogan, con mejores resultados.
La de Singapur, denominada en inglés Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), considerada una de las más exitosas del mundo, ejerce un presupuesto anual de 21 millones de dólares.
La de Hong Kong, llamada Independent Commission Against Corruption (ICAC), gasta anualmente cerca de 85 millones de dólares, y la Contraloría General de la República de Chile, 200 mil dólares.
A pesar de que tienen recursos significativamente más reducidos, refiere el estudio, su actuación es más efectiva, lo que se refleja en los lugares que los países ocupan en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional: Singapur ocupa el número 7 en el ranking de menos corrupción; Hong Kong el 17; Chile, el 21, y México el sitio 103.
«Resalta el presupuesto de la Contraloría General de la República de Chile, que no llega ni a los 200 mil dólares anuales, e incluye funciones de fiscalización en todas las regiones del país andino», señala.
En México, critica, en las tareas de control y fiscalización están involucrados no sólo los mil 740 funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sino también otros 3 mil 804 servidores públicos que trabajan en los Órganos Internos de Control (OIC) de las 211 dependencias y entidades que conforman la administración pública federal.
«Considerando las personas que trabajan en las 211 dependencias y entidades, que son 3 mil 804, suman en total 5 mil 544 servidores públicos, lo que también es un número mucho más alto que lo que tienen las otras comisiones anti-corrupción», destaca.
El estudio, que aún no ha sido publicado, advierte que la proliferación de Órganos Internos de Control ha privilegiado un modelo de auditoría interna que no es eficaz para detectar actos de corrupción.
«Las auditorías internas no identifican problemas como el ocultamiento en la colusión entre contratistas y funcionarios públicos; entrega de escasa información a empresas no favoritas de los políticos o burócratas; la casi nula utilización de la investigación para identificar actos de corrupción a través del trabajo de inteligencia», señala.
Fuente: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=442184
