Por Isaín Mandujano
(Proceso)
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Maestros, padres de familia y alumnos de diversas escuelas del estado exigieron la libertad de los profesores detenidos el pasado viernes 17 e internados en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Esta mañana decenas de inconformes marcharon por la principal avenida de esta capital para demandar la liberación de 18 mentores –10 hombres y ocho mujeres– que fueron aprehendidos cuando intentaban bloquear la salida poniente de Tuxtla, en el tramo conocido como La Pochota.
En la escuela primaria Rosario Aragón Coss, los maestros, padres de familia y alumnos iniciaron el homenaje a la bandera con el himno nacional e inmediatamente después realizaron un mitin en el que pidieron el regreso del maestro Ervin Cigarroa Ruiz, uno de los docentes capturados por la Policía Federal.
De igual manera, realizaron el cierre simbólico del plantel y advirtieron que nadie entrará a clases hasta que el mentor sea liberado.
En la escuela telesecundaria de la colonia Los Pájaros, los estudiantes, padres y maestros iniciaron la jornada de labores con consignas y pancartas que luego pegaron dentro y fuera del centro educativo.
En ese lugar demandaron la libertad de los maestros y esposos Benjamín León Ramos y Cristina Méndez Consospó. La pareja tiene tres hijos –Alejandra, Benjamín y Ulises– que quedaron solos en casa, uno de ellos con síndrome de Down.
“Mi hermano llora, mi hermano no puede dormir ni quiere comer, pues depende mucho de mi padre. Desde el viernes que se lo llevaron está triste, y nosotros angustiados porque no sabemos nada de ellos”, dijo Alejandra llorando.
En Chicomuselo, integrantes de organizaciones sociales y maestros marcharon ayer para exigir la liberación de los 18 detenidos durante las protestas del pasado viernes contra la reforma educativa, y lo mismo ocurrió en Raudales Malpaso.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dijo que documentó violaciones graves a los derechos humanos durante los operativos de desalojo en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, el pasado viernes 15.
Son hechos que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social, perpetrados por elementos de las policía Federal y Estatal, “vulnerando a la población en general y de manera especial a mujeres, niñas, niños y personas mayores, quienes fueron afectadas por gases lacrimógenos y lesionadas físicamente ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca”, puntualizó.
Expuso que al menos 24 personas, cuatro de ellas no manifestantes, fueron privadas arbitrariamente de su libertad, incomunicadas durante más de 12 horas con tratos crueles inhumanos y degradantes, y sin protocolos que garanticen su seguridad e integridad personal. Ocho profesoras y 10 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron trasladadas injustificadamente al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, precisó.
Las y los docentes detenidos son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.
El organismo responsabilizó al Estado mexicano “por vulnerar derechos a la manifestación, asociación y reunión, pensamiento y expresión, así como también los derechos a la libertad, a la integridad y seguridad personal, y en relación a los anteriores el derecho al debido proceso legal”.
El Frayba exhortó al Estado mexicano para que asuma la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, y demandó que cese la represión y criminalización de la protesta social, y garantice la vida, la integridad y seguridad personal de quienes ejercen su derecho legítimo a la libre manifestación.
Asimismo, que atienda de manera inmediata, eficaz, pronta, seria, exhaustiva e imparcial estos hechos, sancionando a los responsables de las violaciones a derechos humanos descritas, y libere de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas e injustificadamente trasladadas al penal de Tepic y acusadas de delitos fabricados como excusa de las acciones represivas.
