En sólo un año, CEAV contabiliza (maquilla cifra) más de 1,300 víctimas de secuestros, homicidios, desapariciones…

Fernando Camacho Servín
La Jornada

A un año de su surgimiento oficial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene registrados mil 300 casos de personas que sufrieron delitos del fuero federal, la mayoría de las cuales se relacionan con desapariciones, secuestros y homicidios, incluidas las víctimas de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, señalaron los integrantes del organismo.

En un encuentro con representantes de medios informativos, los comisionados de la CEAV expusieron varios avances en su primer año de actividades y delinearon algunos pendientes para 2015.

Del 9 de enero al 31 de diciembre de 2014, informaron, tuvieron registro de mil 300 casos de víctimas de delitos del fuero federal. Figuran 635 quejas por desaparición –de los cuales 90 serían forzadas–, 92 secuestros y 19 homicidios.

Señalaron que en dicho periodo el organismo brindó mil 104 atenciones sicológicas y 781 médicas a 759 víctimas.

El comisionado Julio Hernández Barros detalló que la CEAV da ayuda a las familias de los normalistas asesinados o desaparecidos en la embestida policiaca del 26 de septiembre pasado, así como a las de los integrantes del equipo de futbol Avispones –uno de los cuales perdió la vida– y a los testigos del asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona, supuestamente cometido de forma directa en mayo de 2013 por José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.

El comisionado Adrián Franco señaló que el organismo da asistencia legal, médica y sicológica a las tres mujeres que presenciaron la ejecución de al menos 15 presuntos delincuentes cometida por militares el 30 de junio pasado en Tlatlaya, estado de México. Esta misma ayuda se brinda a sus familiares cercanos.

Los integrantes de la CEAV lamentaron que aún exista un “rezago enorme” en diversos estados respecto al cumplimiento de la Ley General de Víctimas a nivel local.

Un ejemplo de lo anterior es que de las 32 entidades federativas, sólo 16 tienen algún avance, y de ellas sólo Nuevo León y Coahuila han puesto en marcha por completo sus comisiones estatales de atención a víctimas.

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