Benito Jiménez
Reforma
Cd. de México, México (02 enero 2015).- En el caso Tlatlaya, para el Ejército aún no hay culpables.
En un documento interno fechado el 23 de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que no existen elementos de prueba contra su personal.
Las versiones testimoniales contenidas en la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso son contradictorias, sostiene la dependencia, defiende en el escrito el procedimiento seguido por los elementos del Ejército en los hechos violentos del 30 de junio de 2014.
Ese día, 22 personas murieron en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.
En una primera versión, el Ejército reportó que fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero meses después testigos declararon que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.
En el documento, la Sedena recuerda que en los hechos violentos participaron 22 sujetos armados contra ocho elementos castrenses, quienes, remarca, siguieron el manual de uso de la fuerza.
«Es necesario tomar en cuenta el principio jurídico penal que señala la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa», indica.
«Por otra parte y sin afán de denostar el trabajo realizado por la CNDH sobre este caso, se puede apreciar que ante la agresión por parte de un grupo de personas armadas el personal militar repelió la misma aplicando lo contenido en el Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común en las tres Fuerzas Armadas», precisa.
«Al momento del enfrentamiento los presuntos delincuentes contaban con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas así como superioridad numérica al tratarse de 22 individuos en contra de 8 elementos del Ejército, haciendo la diferencia al momento de la agresión el adiestramiento que reciben los soldado, así como el armamento y equipo con que cuentan», expone la Sedena.
MURAL publicó ayer que, según una testigo entrevistada por la agencia Associated Press (AP), funcionarios estatales la torturaron cuando se negó a firmar una declaración falsa en la que se asentaba que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento y no ejecutados.
Ante las acusaciones, el Gobierno mexiquense guardó silencio, mientras que la Procuraduría estatal pretextó que, tras una investigación, no encontró indicios de que se hubiera tratado de una ejecución.
La Sedena cuestionó la versión de testigos sobrevivientes del caso Tlatlaya.
«Es conveniente reflexionar sobre cómo una persona que carece de conocimiento sobre el manejo y uso de armas puede identificar tan sólo con el sonido de los disparos, cuáles correspondían a los realizados por el personal militar y cuáles al grupo agresor, así como el lugar exacto en se donde están realizando las detonaciones», afirma la dependencia en un documento interno.
«Esto resulta poco creíble», puntualiza la Sedena en el escrito al que tuvo acceso MURAL.
Además, afirma que hay contradicciones en los testimonios que rindieron las sobrevivientes ante personal de la CNDH.
«Las tres mujeres que se localizaron en el interior de la bodega, señalaron que se encontraban privadas de su libertad, y en su momento fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que fueran ellas las que determinaran su situación jurídica y legal, dando como resultado que dos de las mujeres fueran recluidas en el centro federal femenil de Tepic», dice la dependencia castrense.
De acuerdo con las versiones de estas tres testigos que han sido recabadas por la CNDH y que constan en expedientes judiciales del caso, militares ultimaron a algunas de las personas que se encontraban en una bodega del municipio de Tlatlaya.
Según la investigación de la CNDH, hasta 15 de las 22 personas fallecidas ese día pudieron haber sido ejecutadas. Para la PGR, hay evidencia de que al menos ocho personas fueron ultimadas por los militares y no en un enfrentamiento.
