Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México, México (29 noviembre 2015).- La autopista Durango-Mazatlán, principal obra de infraestructura carretera en México, es un dolor de cabeza para el Gobierno federal.
A dos años de su operación, Banobras tuvo que contratar el pasado 29 de octubre a una empresa española que cobrará 42 millones de pesos para supervisar, hasta el cierre de 2016, la operación en 120 kilómetros de la autopista y la seguridad en sus 61 túneles, pues dichas tareas rebasan la capacidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que es la operadora.
“El contrato celebrado con Capufe no contempla un mecanismo eficiente de rendición de cuentas, incentivos y esquemas de remuneración con base en resultados. Es necesario que el fiduciario (Banobras) cuente con una figura que garantice la aplicación de todos los procedimientos establecidos en el Manual de Explotación de la Autopista”, explicó el banco.
La decisión de contratar a un supervisor externo se tomó luego de que el Consejo Nacional de Seguridad incorporó la Autopista al catálogo de Instalaciones Estratégicas con una clasificación AAA para los nueve túneles inteligentes y los puentes atirantados Baluarte y Carrizo, y AA para las cuatro casetas de cobro.
Se trata de la empresa Senermex Ingeniería y Sistemas, filial de la compañía española Sener, la cual será la encargada de “realizar partes diarios de supervisión; identificación, análisis y seguimiento de las observaciones generadas por la operación y mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los túneles y la autopista, identificar, analizar y dar seguimiento de las incidencias”.
Además, realizará auditorías de seguridad vial, que incluyen dos auditorías de infraestructura completa de la autopista, una al principio y otra al final del contrato, así como un análisis de riesgos, particularmente en túneles “inteligentes” como El Sinaloense, que con 2.8 kilómetros es el segundo más largo del país.
Los 42 millones pagados para la supervisión de la autopista se suman a los más de 20 mil millones de pesos que costó la vía, que en total tiene 230 kilómetros, y que reduciría de seis a dos horas y media el tiempo de traslado entre la capital de Durango y el puerto de Mazatlán.
La construcción tardó doce años, fue entregada por la SCT al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en octubre de 2013, y desde entonces han crecido las quejas de usuarios por las constantes fallas que afectan el tiempo de recorrido.
