Luciano Campos Garza
Proceso
MONTERREY, NL, (apro).- Organismos civiles pusieron al descubierto irregularidades en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el gobierno del priista Rodrigo Medina para obtener la aprobación de la Semarnat en la construcción del acueducto Monterrey VI.
Las ONG denunciaron que no fue efectuada una consulta para que la ciudadanía opinara sobre el proyecto que transportará agua a lo largo de una línea de tubería que emergerá del río Pánuco en San Luis Potosí, para pasar por Veracruz y Tamaulipas, hasta llegar a la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares.
La obligación de la consulta está prevista en los artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Medio Ambiente, y 40 y 41 en materia de evaluación de impacto ambiental.
La queja fue expuesta, entre otras organizaciones, por Reforestación Extrema, Rescatemos Nuevo León, Vertebra, Evolución Mexicana, Sueño Regio, Red por la Dignidad y Consejo Cívico de Nuevo León.
El documento que califica las afectaciones ambientales fue avalado por Semarnat en sólo diez días cuando, resaltaron los inconformes, por lo general el trámite demora hasta cuatro meses.
Además, consideraron irregular que Semarnat no solicitara información adicional sobre el proyecto y que el manifiesto fuera elaborado por una sola persona, Manuel Ramos García, quien en el reporte no exhibe su cédula profesional ni refiere dónde puede ser localizado.
“Dada la complejidad del proyecto, se esperaría que fuera elaborado por un grupo multidisciplinario de expertos (biólogos, geólogos, ingenieros civiles, expertos forestales e ingenieros medioambientalistas”, denunciaron.
La MIA, solicitada por el director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), Emilio Rangel Woodyard, fue otorgada por el director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Alfonso Flores Ramírez.
A contrapelo del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los promotores del acueducto, con el respaldo de Conagua, no promovieron el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por la afectación que el derecho de vía tendrá sobre el predio, sostuvieron los denunciantes.
La ley establece que Semarnat podrá autorizar el cambio de uso de suelo forestal por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal, integrado en este caso por representantes de San luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
Además, alertaron, para lograr la anuencia en este trámite debe ser presentado un estudio técnico justificativo que demuestre que no se compromete la biodiversidad ni se ocasionará erosión del suelo, deterioro de la calidad de agua, disminución de la captación y que el uso alternativo propuesto sea más productivo a largo plazo.
Los quejosos aseguraron que no hay evidencia de que alguno de estos supuestos haya sido cumplido y aclararon que el acueducto, de una longitud de 390 kilómetros, contará con un derecho de vía de 20 metros, dentro de los que serán efectuadas maniobras de zanjado y tendido de tubería, así como líneas de transmisión de energía eléctrica.
Según estimaciones de las ONG, el área afectada será de 780 hectáreas a lo largo de todo el trayecto.
También cuestionaron que en el convenio firmado entre el gobierno nuevoleonés y Conagua, el 1 de octubre del 2013, se establece que la obra será financiada con recursos que gestionará Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Por ello consideran inexplicable que ahora se enuncie que esta instancia únicamente aportará como máximo 21.7% del costo total de Monterrey VI.
Frente a estos cuestionamientos, el gobernador Rodrigo Medina y el director de SADM, Emilio Rangel, aseguraron que “toda la información” está disponible en el portal de la dependencia, afirmación que resulta imprecisa, pues la página carece de los datos que reclaman los activistas.
