Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles de 70 países reprocharon al [priista de origen chino] Miguel Ángel Osorio Chong, el desacato a ordenamientos judiciales para someter a consulta la construcción del Acueducto Independencia, en el estado de Sonora, por la afectación a la tribu yaqui.
Agrupadas en la Red Internacional para los Derechos Económicos y Culturales (Red-DESC), 270 organizaciones civiles de todo el mundo, a las que se sumaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Análisis e Investigación Fundar y Habitat International Coalition América Latina (HIL-AL), enviaron este lunes una carta Osorio Chong en la que manifiestan sus inquietudes por la construcción del acueducto “y el trasvase de grandes cantidades de agua, que representan un desafío para las comunidades yaqui, debido a los impactos adversos para su medio ambiente, cultura y formas de vida”.
En la misiva, firmada por el director de Red-DESC, Chirs Grove, se recuerda que el año pasado la tribu yaqui ganó un amparo en revisión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se reconoce “su derecho a la consulta y a la posibilidad de suspender la operación del acueducto si ésta les ocasiona daños irreparables”.
A más de un año de la resolución, emitida en mayo de 2013, las organizaciones internacionales manifiestan a Osorio Chong su preocupación por “la inejecución de la sentencia y la forma en que se realiza la consulta; asimismo, la decisión de no suspender los flujos de agua desde el río Yaqui, puesto que se pueden ocasionar graves daños irremediables a la tribu, no sólo ambientales, sino culturales y sociales, con graves consecuencias en los derechos humanos de estas comunidades”.
El martes 10, el Juzgado Octavo en el estado de Sonora “dictó nuevamente la suspensión del Acueducto Independencia. Esperamos sinceramente que el Estado mexicano acate esta nueva orden judicial para salvaguardar los derechos de la tribu yaqui”, apuntan las organizaciones en su carta, también dirigida al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud.
Los firmantes también manifiestan su preocupación por la liberación de órdenes de aprehensión en contra de autoridades tradicionales yaquis, acusándolas de diversos delitos, “lo cual viene a afectar el trabajo activo con que dichas autoridades se han desempeñado como parte de su mandato”.
Más aún, advierten, las acciones judiciales perjudican “el carácter libre de la consulta que el gobierno mexicano promueve, por lo que es importante que las autoridades tradicionales puedan ejercer sus funciones comunitarias y su defensa de manera libre y sin ningún tipo de hostigamiento o represión”.
De manera particular alertaron sobre la orden de aprehensión en contra de Mario Luna, girada en junio de 2013, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
Luna es secretario de las autoridades tradicionales de Vicam y vocero de la tribu yaqui en el conflicto por el agua y contra la construcción del Acueducto Independencia, promovido por el gobierno estatal de extracción panista.
Los activistas recordaron a Osorio Chong las obligaciones internacionales que tiene México por haber firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos.
A la luz de la reforma constitucional del artículo primero, que determina el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, los defensores piden a Osorio Chong “asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, y realizar una consulta bajo los estándares internacionales”, así como “evitar cualquier medida que impida las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de sus derechos”.
También demandan a Osorio Chong “permitir a la tribu yaqui y a las personas, pueblos y comunidades indígenas promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas ante los proyectos de desarrollo que les puedan afectar sus derechos fundamentales”, y recomiendan “trabajar hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales en México”.
Los inconformes piden a Osorio Chong mantenerlos informados, y dieron copia de la misiva también al procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez; al subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Rafael Pacchiano Alamán; al presidente de la Primera Sala de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo; al juez décimo de distrito de Sonora, Erick Bustamante Espinoza; al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y al representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.
