Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) pretende evadir su responsabilidad en los abusos cometidos contra Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, las tres indígenas otomíes que obtuvieron sentencias favorables de la justicia federal y que obligan a la dependencia a indemnizarlas y ofrecerles una disculpa pública.
Así lo señalaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) al iniciar este jueves una campaña para exigir a la PGR que cumpla con sus obligaciones y que desista de las acciones judiciales para evadir las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) a favor de las vendedoras ambulantes.
Las indígenas originarias de Querétaro fueron acusadas de secuestrar a seis policías fuertemente armados de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por lo que permanecieron más de tres años en prisión.
A través de un comunicado, el Centro Prodh y Amnistía Internacional –que nombró “presas de conciencia” a las tres mujeres– recordaron que al quedar en libertad (en el caso de Jacinta tras el desistimiento de la acción penal en su contra, en 2009, y en el de Alberta y Teresa por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2010), las otomíes buscaron la reparación del daño e interpusieron recursos jurídicos ante el TFJFA, que falló a su favor.
“Estas sentencias emitidas el 20 de noviembre de 2013 y el 28 de mayo de 2014 por el TFJFA sientan un importante precedente en México en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos, algo negado de forma rutinaria hasta ahora”, apuntaron las organizaciones.
Los magistrados condenaron a la PGR, que durante tres años sostuvo los cargos contra las indígenas sin más pruebas que los testimonios de los agentes, a ofrecerles una disculpa pública “por haberlas exhibido por un delito que no cometieron”, y a indemnizarlas por el tiempo en que estuvieron en prisión y dejaron de trabajar.
El abogado del Centro Prodh, Luis Tapia Olivares, manifestó su preocupación de que “la PGR no se haya pronunciado después de la sentencia de Jacinta, y no se descarta –dijo– que solicite la revisión, que es algo que la dependencia hace por consigna, sin revisar bien los casos”.
Ante el silencio de las autoridades, las organizaciones determinaron lanzar la campaña para exhortar al procurador Jesús Murillo Karam a no iniciar procesos en contra de la sentencia de Jacinta, y desistirse de los iniciados contra las resoluciones dictadas en los casos de Teresa y Alberta.
Tapia Olivares precisó que el pasado viernes 13 el TFJFA notificó a la PGR la sentencia de Jacinta. “La dependencia tiene 15 días hábiles para responder al Tribunal, el plazo se vence el 7 de julio, y tendría después tres días más para acatar el fallo”, agregó.
En los casos de Alberta y Teresa, señaló que están siendo examinados por un tribunal colegiado auxiliar en Morelia y en el XVI Tribunal Unitario en Materia Administrativa, respectivamente. “Como Centro Prodh interpusimos el recurso de revisión adhesiva, con el objetivo de fortalecer la posición con respecto a la sentencia de reparación del daño”, puntualizó.
Y se hizo así, dijo, porque la PGR impugnó las sentencias y argumentó que eran inatendibles debido a que sentarían un precedente para que todas las personas que fueron o sean exoneradas soliciten reparaciones de daño.
“Ese argumento nos parece falaz, porque el sistema de reparación está acotado a comprobar fehacientemente el daño y el nexo causal entre la actividad del Estado y el daño producido a las víctimas, situación que fue corroborada por los magistrados en los tres casos”, subrayó.
Para el Centro Prodh y AI, las resoluciones representan “un freno disuasivo al Estado para limitar las acciones de sus representantes para que respeten los derechos humanos”.
Tapia Olivares explicó que este proceso de reparación “viene a enseñarle a la PGR y a las policías ministeriales que deben respetar los derechos humanos para aumentar la eficiencia de la tarea de procuración de justicia. Un funcionario va a mejorar su trabajo en la medida que sepa que el Estado puede cobrarle los gastos que erogue por estas circunstancias e iniciar procesos administrativos individuales, eso está establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, sostuvo.
Las organizaciones consideraron que es fundamental el cumplimiento de las sentencias “para asegurar la protección de quienes ya fueron víctimas de la injusta acción de las autoridades mexicanas y para demostrar el compromiso de las autoridades de no volver a cometer abusos de esa naturaleza”.
El abogado del Centro Prodh resaltó que el cumplimiento de las sentencias por parte de la PGR se ha convertido para Jacinta, Alberta y Teresa en un motivo para seguir luchando, porque para ellas, aseguró, “es muy importante que las autoridades acepten que se equivocaron”.
